Foto: balearia.com/es
Aunque las grandes navieras comienzan los mejores meses de su ejercicio, urgen al Gobierno de España a revisar el decreto de precios para equiparar sus contratos a los de obras públicas porque, al tener el coste de sus billetes fijados en un precio máximo que no pueden sobrepasar, y ante el alza del de los combustibles, no podrán sostener su operativa sobre todo después del verano, cuando disminuya el flujo de pasajeros.
Según ha publicado el periódico La Información, la situación afecta a acuerdos millonarios -algunos renovados este mismo año- de líneas marítimas regulares entre la Península, Baleares y Canarias, que llevan a cabo las dos principales empresas del sector: Baleària y Transmediterránea.
De acuerdo con lo que cita la misma fuente, las rutas señaladas se dividen en tres lotes que adjudica el Ministerio de Transportes y en situaciones habituales movilizan a más de 13 millones de pasajeros cada año. El principal lote es el que une los trayectos entre la Península y Canarias, como Cádiz-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas-Huelva o Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas. Le siguen los de Málaga, Motril y Almería con Melilla, y los que unen Algeciras y Ceuta.
Por otro lado, a tenor con La Información, el aumento de los precios del combustible hacen inviable ahora mismo estos viajes y, la exclusión de estos acuerdos de la actual normativa de revisión de precios, el Real Decreto 3/2022, complica esta realidad ya que ni aplicando las tarifas máximas probablemente se le haría frente al alza del precio del combustible.
Por otro lado, el conflicto ha llegado al Senado, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido a una pregunta del senador Carles Mulet sobre si del combustible podía alterar sensiblemente la viabilidad económica de las operaciones marítimas subvencionadas, diciendo que el contrato sobre la adjudicación que Baleària había acordado en febrero "excluye expresamente la revisión de precios, así como la realización de modificaciones".
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