La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización dedicada a facilitar de forma fraudulenta autorizaciones de residencia en España mediante la constitución de parejas de hecho ficticias. La actuación, desarrollada en el marco de la operación 'Octopus' por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Melilla, ha permitido investigar a un total de 252 personas por su supuesta implicación en delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Como resultado de la investigación, los agentes han detenido a 54 personas. Además, otras dos han declarado en calidad de investigadas no detenidas, mientras que las 196 restantes figuran igualmente como investigadas y sobre ellas se han solicitado las correspondientes órdenes de detención.
Las pesquisas comenzaron en mayo de 2025, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de varias parejas de hecho cuya finalidad podía no responder a una convivencia real, sino a la obtención de beneficios administrativos relacionados con la residencia legal en España.
A partir de ese momento, los agentes iniciaron una investigación que permitió analizar la documentación utilizada para formalizar estas uniones. Según la Policía Nacional, durante las comprobaciones se detectaron presuntas irregularidades tanto en documentos notariales empleados para acreditar las parejas de hecho como en contratos de arrendamiento y certificados de empadronamiento vinculados a distintos domicilios situados en Cataluña.
De acuerdo con la investigación, el objetivo de estas actuaciones era facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen marroquí, mediante su vinculación ficticia con ciudadanos comunitarios. La formalización de estas uniones permitía iniciar los trámites necesarios para solicitar autorizaciones de residencia al amparo de la normativa vigente.
Durante el desarrollo de la operación, los investigadores identificaron a 34 personas que, presuntamente, desempeñaban funciones específicas dentro de la organización. Entre ellas se encontraban individuos encargados de captar ciudadanos españoles dispuestos a constituir las parejas de hecho, así como falsos testigos que participaban en la formalización de las uniones para dar apariencia de legalidad a los expedientes.
La Policía también atribuye un papel relevante a varias personas que actuaban como facilitadores, responsables de coordinar las distintas gestiones necesarias para completar el procedimiento administrativo. Según la investigación, estos intermediarios organizaban la documentación requerida y dirigían los trámites encaminados a obtener la autorización de residencia.
Asimismo, la operación ha permitido constatar la presunta implicación de una asesora administrativa y de varios gestores administrativos. De acuerdo con las pesquisas, estas personas se encargaban de preparar la documentación y presentar los expedientes necesarios para la tramitación de las solicitudes ante los organismos competentes.
La investigación también ha permitido conocer el ámbito territorial en el que operaba la red. Los ciudadanos comunitarios que aceptaban formalizar las parejas de hecho eran captados principalmente en Melilla, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid y Málaga.
Por su parte, los ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación administrativa residían mayoritariamente en otras provincias españolas. Esta circunstancia motivaba que buena parte de los trámites relacionados con las uniones se realizaran en notarías ubicadas, sobre todo, en Barcelona y Girona, aunque la actividad también se extendía a otras provincias de Cataluña.
Para dotar de apariencia legal a las parejas de hecho, la organización recurría presuntamente a certificados de empadronamiento falsificados o conseguidos de forma fraudulenta. Según la Policía Nacional, en algunos casos estos documentos se obtenían utilizando contratos de arrendamiento ficticios con el fin de acreditar una convivencia inexistente entre ambas personas.
Los investigadores comprobaron igualmente que varias de las parejas investigadas figuraban empadronadas en un mismo domicilio, un aspecto que levantó sospechas y contribuyó al avance de la investigación.
En relación con el funcionamiento económico de la organización, la Policía Nacional señala que las personas comunitarias que aceptaban constituir estas parejas de hecho recibían aproximadamente 2.000 euros por su participación. Los falsos testigos percibían alrededor de 500 euros, mientras que el resto del dinero quedaba, presuntamente, en manos de los facilitadores y de quienes gestionaban toda la operativa administrativa.
Según las estimaciones realizadas durante la investigación, los ciudadanos extranjeros que recurrían a este procedimiento para obtener la residencia legal en España llegaban a abonar cantidades comprendidas entre los 10.000 y los 12.000 euros.
La Policía Nacional enmarca esta actuación dentro del trabajo que desarrolla de forma permanente la Brigada de Extranjería y Fronteras para combatir la inmigración irregular y las distintas fórmulas utilizadas de manera fraudulenta para conseguir autorizaciones de residencia. En este caso, la operación se ha centrado en un sistema basado en la simulación de parejas de hecho como vía para acceder a permisos de residencia mediante la utilización de documentación presuntamente falsa y la intervención coordinada de distintos participantes encargados de dar apariencia de legalidad a todo el procedimiento.
