El Gobierno de Sánchez ha dado un paso clave para abonar a las aerolíneas 319 millones de euros correspondientes a las subvenciones por el descuento del 75% en los billetes de avión a residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla durante el ejercicio 2024. Esta cantidad, que forma parte de la deuda acumulada por el Estado con las compañías aéreas, se consolidará tras la aprobación definitiva de la nueva ley de navegación aérea, actualmente en trámite parlamentario.
Así lo explicó la diputada del Grupo Socialista Milena Herrera este pasado martes en la Comisión de Transportes del Congreso, donde detalló que se ha aprobado una enmienda transaccional al proyecto de ley que permitirá "normalizar" los pagos a las aerolíneas. La diputada subrayó que esta medida supone un compromiso del Ejecutivo para dar solución a los atrasos en los abonos de las ayudas al transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares.
El proceso legislativo todavía no ha concluido: tras su paso por la comisión, el texto deberá pasar por el Senado y volver al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Una vez completado ese trámite, el Gobierno central podrá habilitar el pago de los 319 millones a las compañías.
Críticas del PP y advertencias del sector
Desde la oposición, el diputado del Partido Popular, Óscar Ramajo, criticó duramente el alcance de esta medida. Según dijo, se trata de un "parche temporal" que no resuelve el problema estructural de financiación. Ramajo propuso la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para saldar completamente la deuda de 2024 y garantizar la cobertura de la subvención para 2025. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Transportes.
Fuentes del Ministerio de Transportes indicaron a EFE que, además de los 319 millones comprometidos, quedan pendientes otros 300 millones del mismo ejercicio, lo que elevaría la deuda acumulada con las compañías aéreas a más de 600 millones solo en 2024.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ya advirtió en marzo sobre las consecuencias de continuar con los retrasos en los pagos. Gándara alertó que si no se abonan las cantidades correspondientes, las aerolíneas podrían verse obligadas a reducir rutas y/o frecuencias, afectando así la conectividad de los territorios insulares y de las ciudades autónomas.
Según datos de ALA, a finales de marzo aún estaban pendientes de abono 425 millones de euros del ejercicio 2024, y se estima que en 2025 se devengarán otros 1.250 millones. No obstante, al estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año solo se contemplan 560 millones, es decir, la misma cifra del año anterior y considerada insuficiente por el sector.
Impacto en Melilla
En el caso concreto de Melilla, la situación ha generado preocupación tanto en las autoridades locales como entre los residentes, que dependen del transporte aéreo para desplazarse a la península. Tal como informó recientemente El Faro de Melilla, el Ministerio adeuda aproximadamente 600 millones por el 75% para los residentes, una situación que compromete la continuidad de las rutas y la estabilidad de las tarifas.
El desbloqueo de los primeros 319 millones representa un paso en la buena dirección, pero las cifras revelan que el problema persiste. La diferencia entre los fondos presupuestados y los compromisos acumulados pone en cuestión la viabilidad del sistema de subvenciones vigente si no se adoptan medidas adicionales.
Mientras tanto, las compañías aéreas aguardan la aprobación definitiva de la ley de navegación aérea como punto de partida para recibir al menos una parte de lo adeudado. La presión tanto del sector como de las fuerzas políticas continuará siendo clave para que el Ejecutivo cumpla con las obligaciones que garanticen la movilidad de los ciudadanos en igualdad de condiciones.
