Dos agentes de la Policía Judicial entregaron ayer el requerimiento del Juzgado número 4. La investigación en curso de la llamada ‘Operación Ópera’ llevó ayer a la Guardia Civil a la sede de la Consejería de Seguridad Ciudadana en la comisaría de la Policía Local. Allí dos agentes de la Policía Judicial entregaron a su responsable, el consejero Francisco Javier Calderón, un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla en el que se solicita información y documentos relativos a contratos adjudicados a empresas de seguridad. Calderón aseguró a El Faro que en ningún momento los agentes de la Policía Judicial efectuaron un registro en las dependencias de su consejería e insistió en que únicamente les habían requerido documentos. “Han venido con un escrito para pedir unos documentos y se han ido”, aseveró.
El consejero de Seguridad Ciudadana aseguró a este diario que, como es lógico, se enviará a la Policía Judicial del Instituto Armado toda la información solicitada “lo antes posible”.
La entrada de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las dependencias de la Consejería que dirige Calderón se enmarca en la investigación en curso de la ‘Operación Ópera’, que instruye la titular del Juzgado número 4 de Melilla, Mª José Alcázar, y que motivó el pasado 12 de septiembre la entrada y registro del Palacio de la Asamblea y otras sedes municipales, como las Consejerías de Economía y Hacienda, Fomento y Bienestar Social y la sociedad pública Emvismesa en Minas del Rif.
Una semana de las detenciones
Hoy hace una semana que, dentro de la misma investigación, la Guardia Civil detuvo al consejero y director general de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig y José Pastor, respectivamente, el jefe de la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano, Luis Carlos López Rueda, y el interventor de la Ciudad, Francisco Platero.
Además, resultaron imputados el ex consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, el ex titular de Fomento, Rafael Marín, el consejero de Economía, Daniel Conesa, y el secretario general de la Asamblea, José Antonio Jiménez Villoslada, y tres funcionarios más de la Ciudad Autónoma.
Los cuatro detenidos quedaron en libertad provisional, sin fianza y con medidas cautelares, tras declarar ante la juez Alcázar, mientras que el hasta ahora único encarcelado de la ‘Operación Ópera’, el empresario Abdelkader Kasem, detenido el 12 de septiembre, quedó en libertad el pasado martes en las mismas condiciones que el resto de los imputados.
La investigación continúa abierta y permanecerá bajo secreto de sumario otro mes más por decisión de la juez Alcázar, tal y como adelantó El Faro en su edición de ayer.
