El alto tribunal debe decidir si abre una causa contra Imbroda o rechaza la petición del fiscal.
La Fiscalía envió ayer un informe al Tribunal Supremo en el que se muestra a favor de que este órgano abra una investigación contra el presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, quien podría haber cometido un delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado externo por parte de la Ciudad Autónoma.
El tribunal deberá ahora decidir, dada la condición de aforado de Imbroda como senador, si efectivamente abre una causa contra el presidente de Melilla y nombra a un juez instructor para que investigue la posible existencia de delitos y su posible responsabilidad en ellos, tal y como solicita el Ministerio Público. O si, por el contrario, rechaza esa petición.
El fiscal considera, según señala en su escrito, que “hay indicios suficientes” de la posible comisión de un delito de prevaricación “sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales”. Además, cree que se debe esclarecer la conducta de Imbroda.
El artículo 404 del Código Penal castiga la prevaricación que comete “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y la condena con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años.
El origen de la causa judicial
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, envió al Tribunal Supremo una exposición razonada ante la aparición de indicios que, a su criterio, implican al presidente de la Ciudad y senador por Melilla en la contratación supuestamente irregular de un abogado externo por parte de la Ciudad Autónoma. El fiscal considera ahora que hay motivos para que el alto tribunal se haga cargo del asunto.
La exposición razonada de Lamo de Espinosa fue enviada el pasado mes de agosto al Supremo a partir de una investigación que apuntaba la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado externo al margen de los servicios jurídicos públicos sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello para su intervención en varios procesos judiciales.
En el escrito enviado por el Ministerio Fiscal, éste señala que, tras analizar “detalladamente” el informe de Lamo de Espinosa tanto en su exposición razonada como la documentación aportada por Imbroda, concluye que los hechos presentan una “apariencia delictiva”.
Ahora la Sala de lo Penal del alto tribunal deberá decidir si hubo o no irregularidades en dicha designación, tal y como aprecian el juez instructor de Melilla y el fiscal.
La causa que llega ahora al Supremo se inició, a partir de una denuncia de una asociación de letrados en el año 2001, cuando la Ciudad Autónoma contrató a un abogado externo para que colaborara en la defensa de los intereses de la Administración local ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas cuya contratación pudo ser ilegal.
