La defensa solicita una pena atenuada para el sobrino, al que detuvieron en Farhana con un subsahariano en un doble fondo, y la absolución para su tío, acusado de ser su cómplice.
El juicio contra dos melillenses, acusados de tráfico de inmigrantes, quedó ayer visto para sentencia sin sorpresas. Tras la segunda y última sesión, la Fiscalía mantuvo su petición de ocho años de prisión para cada uno de los procesados por ayudar a cruzar la frontera a inmigrantes subsaharianos ocultos en dobles fondos. El abogado defensor, por su parte, solicitó una pena atenuada para A.T., a quien detuvieron con un inmigrante en el salpicadero en la frontera de Farhana, y la absolución para el tío de éste, R.A., acusado de ser el ‘brazo logístico’ de la organización delictiva que supuestamente ambos integraban con un tercer acusado, en busca y captura. Ambos fueron detenidos en el marco de la investigación de la ‘Operación Bugbuss’ de la Guardia Civil, que concluyó en enero del año pasado.
La fiscal consideró que A.T. no solamente ayudó a cruzar la frontera a un inmigrante ocultándolo en un doble fondo en su coche, sino que durante cierto tiempo estuvo dedicándose a esta actividad delictiva. Hizo esta afirmación basándose en la investigación que la Guardia Civil desarrolló durante dos meses en 2012. Destacó que, a pesar de que el sobrino confesó que cobró 500 euros por pasar a un inmigrante el 5 de diciembre de 2012, hay evidencias suficientes para creer, según el Ministerio Fiscal, que también lo hizo, al menos dos veces más: El 4 de diciembre y el 30 de octubre.
Para la fiscal, también hay pruebas suficientes que implican en esta trama de tráfico de inmigrantes al tío del primer acusado, R.A. Según la fiscal, basándose en la investigación del Instituto Armado, el segundo acusado tenía un papel de vigilancia antes, durante y después de los ‘pases’ de inmigrantes por la frontera de Farhana. Además, el garaje de su vivienda era el “punto de extracción” de los subsaharianos de los dobles fondos. También, destacó las numerosas llamadas que se realizaban entre ambos acusados.
Elementos circunstanciales
El abogado defensor solicitó una pena atenuada para uno de sus clientes, A.T., por un delito de tráfico de inmigrantes. Precisó que desde que fue arrestado, siempre ha mantenido su testimonio: Aceptó ‘cruzar’ un inmigrante oculto en un doble fondo en el salpicadero y cobró por ello 500 euros. El letrado sostuvo que el tribunal debería aplicar el atenuante de la confesión, recogido en el artículo 21.4 del Código Penal.
Respecto del tío de éste, R.A., mantuvo su petición de absolución al considerar que la investigación de la Guardia Civil se basa en “suposiciones” e indicios meramente circunstanciales. En este sentido, el letrado justificó el hecho de que R.A. acudiera a la frontera de Farhana el 5 de diciembre de 2012 porque se enteró del arresto de su sobrino y añadió que el resto de ‘viajes’ al paso fronterizo responde a motivos laborales, que precisamente la Guardia Civil no refleja en el informe “interesadamente”, insinuó.
Para la defensa, los agentes del Instituto Armado “se empecinaron” en investigar a sus clientes aún teniendo, como indicios, elementos inconexos entre sí, en base a entrevistas con varios inmigrantes. El abogado puso de relieve que el testimonio crucial de la investigación fue el de un inmigrante, testigo protegido, que entró a Melilla el 30 de octubre de 2012, pero que no declaró ante la Guardia Civil hasta el 10 de enero de 2013. El letrado se preguntó “¿cómo apareció este inmigrante por arte de magia en la Comandancia de la Guardia Civil tres meses después de entrar a Melilla?”.
El letrado refirió que la Guardia Civil asegura que sus clientes ‘cruzaron’ a más de 50 inmigrantes obteniendo unos ingresos de al menos 150.000 euros. “De ser así, ¿debería existir un incremento patrimonial notable de mis defendidos?”, se preguntó, a la vez que recordó que el análisis patrimonial de sus clientes, por parte de la Guardia Civil, no pone de relieve un enriquecimiento repentino.
A.T. no hizo uso de su turno de palabra antes de concluir el juicio, y su tío, R.A., afirmó que hay partes de la investigación de la Benemérita en las que “no dice la verdad”. “La Guardia Civil no ha actuado correctamente”, apostilló.
Una parte más de la trama: La compra de vehículos y el cambio constante de titularidad para no dejar rastro
En la segunda y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia, tres melillenses declararon que vendieron sus vehículos a los acusados o bien aceptaron 30 euros por figurar como titulares de un coche del que no iban a hacer uso. Era una parte más de la trama que la Guardia Civil incluyó en su investigación de la ‘Operación Bugbuss’. Aseguró que la adquisición de vehículos con matrícula nacional era esencial, para no levantar sospechas entre los agentes fronterizos.
En estos coches, después construían dobles fondos para meter a los inmigrantes. Sobre esos vehículos realizaban sucesivas transacciones de titularidad para borrar el rastro.
Uno de los testigos aseguró ante el tribunal que se siente “engañado”, puesto que él aceptó 30 euros por figurar como titular de un vehículo, sin conocer que estaba destinado a ocultar inmigrantes. Otro testigo dijo haber encargado a un amigo que vendiera su coche y que, después de la venta, vio a uno de los acusados circulando con él, pero no conocía de nada a los dos procesados.
El tercer testigo fue una mujer que vendió su coche por 1.500 euros. En un principio dijo que se lo vendió a A.T., pero luego rectificó y dijo que R.A. era el comprador.
