Conozco al Teniente General Manuel Llamas, Manolo, desde hace muchos años, muchos. Nuestra larga amistad y relación institucional me ha permitido conocerle bien. Jamás él haría nada contra el honor o la integridad de la Benemérita, nunca. Muchas personas que le conocen dirían lo mismo o, al menos, solo lo pensarán mor de la “conveniencia” de callar en un momento de convulsión y tormenta políticas. Otra cosa es que, al ser la mentira más barata y conductora, incluso “atractiva”, le gane con facilidad espacio a la verdad.
Las instituciones públicas son imprescindibles, pero no son infalibles, tampoco las de seguridad. En ellas, al ser personas quienes las gestionan y representan, pude haber desajuste, irregularidad o sobreactuación, entre otras circunstancias. Cuando se detectan, se piden explicaciones y, en su caso, deben restañarse y remediar las actitudes que produzcan el dolo, todo tiene un orden jerárquico en esas instituciones, sin ello otra cosa serían. Eso ocurre o debe ocurrir en la política, la seguridad o la justicia, que también esta última parece estar necesitada a tenor de que casi el 60 por ciento de los españoles creen que los jueces “hacen política y no son imparciales”.
A Manuel Llamas le han insultado, desposeído de todo beneficio de la duda, “sentenciado y condenado” por adelantado y sin importar la verdad. Fue escuchado por el juez, pero no otro tanto en la asistencia voluntaria a una de esas sesiones que convoca la mayoría del Senado y la que da igual lo que diga quien comparezca, se le aporrea de principio a fin porque eso va en la estrategia política de los partidos convocantes y que no tiene más objetivo que “ayudar” a descabalgar a un gobierno llevándose por delante, a ser posible, a quien sea. Hay parte de esa invectiva con inquina, en algunos pasajes con cierta escatología, que ya no tiene remedio, ahí quedará injustamente.
Como por ensalmo, hay un rasgado de las vestiduras por el noble órgano de la UCO, la Unidad Central Operativa, policía judicial de la Guardia Civil, sujeto a las instrucciones de un juez y que también debe respetar derechos -sean de familiares de un presidente, sean de periquito de los palotes, de quien sea-, ayer, hoy y mañana. Quizás convenga recordar algún ejemplo que puede ilustrar como, y cada vez más, en política, la doble vara de medir es omnipresente.
Hace unos años, allá por 2013 se iniciaron dos operaciones en Melilla, “Opera” y “Tosca”, judicializadas y cuyo cuerpo investigador fue la UCO. Una serie profusa de acontecimientos volvieron del revés a toda la administración autonómica melillense prácticamente. Tiempo después y tras pasar por el limbo judicial, la “inanición” y otros “viricuetos”, todo fue archivado. De ese tiempo y de esa administración que gobernaba uno de los partidos convocantes de comisiones senatoriales actualmente con fruición, que anima y alienta las redes sociales y las tertulias de radio y televisión la condena y el desprecio por adelantado; de esa administración y a tenor de los sucedido lo más suave que se decía sobre la actuación del cuerpo investigador era “maligna”. Ahí están memoria y hemerotecas.
Puede que este modesto artículo moleste a quienes tienen una idea fija e inamovible y que solo busca el rédito político sin dar oportunidad a ese beneficio de la duda al menos. Son tiempos de arrastre, en los que errores de unos son el alimento de la codicia, avaricia y ambición de otros.
