La próxima protesta en Melilla contra esta normativa será el 20 de febrero.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se reunió ayer con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón para entregarle un escrito en el que le formula varias recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.
La oficina del Defensor del Pueblo tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones dirigidas a modificar sustancialmente el sistema de tasas vigentes.
La iniciativa de esta institución no es la primera que se toma para tratar de cambiar algunos aspectos de esta ley. Jueces y fiscales se han concentrado en varias ocasiones en protesta por esta nueva normativa. De hecho la próxima protesta, en la que volverán a estar presentes los Jueces de Melilla está prevista para el día 20 de febrero.
En el texto presentado por Becerril recomiendan reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.
Asimismo, se propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.
Por último, la Defensora del Pueblo pide devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de asistencia jurídica gratuita.
En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, manifestando su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad.
La institución tiene la posibilidad de actuar como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos y así ha decidido hacerlo en este caso. Una vez trasladadas estas recomendaciones, la Defensora confía en la positiva recepción de las mismas por el Ministerio de Justicia y queda a la espera de su pronta respuesta.
