La paradoja está servida. Mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, felicita a Melilla por convertirse en referente nacional con su centro de crisis 24 horas, su mismo Ministerio recorta un 25% los fondos destinados a políticas de conciliación y corresponsabilidad en la Ciudad Autónoma. Una contradicción que la consejera Marta Fernández no ha dejado pasar por alto durante su encuentro con la titular ministerial el pasado día de ayer.
La consejera ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: el doble discurso de un Ministerio que aplaude con una mano mientras recorta con la otra.
La ministra, según ha confirmado la consejera, "ha felicitado a la ciudad de Melilla por la puesta en marcha del centro de crisis 24 horas. Fue uno de los centros pioneros y lo están utilizando como foco para la apertura de otros centros de crisis". Incluso ha destacado que "se están poniendo en contacto con nosotros también para ver cómo están funcionando y todo. Nos ha felicitado el emboche en la propia reunión por haberlo hecho con la premura con la que lo hicimos".
Sin embargo, detrás de estos elogios se esconde una realidad menos amable. "Yo he hecho una pequeña valoración dentro de la reunión, he podido intervenir. Una pequeña crítica", ha señalado Fernández, empleando un eufemismo que no logra disimular la dureza de su mensaje.
La consejera ha sido clara al explicar el asunto: "El plan corresponsable, como bien sabe, viene financiado por parte de fondos del Estado. Anualmente nos dotan de una cantidad presupuestaria y es con la que nosotros desarrollamos determinados programas dentro del área de igualdad en materia de conciliación y corresponsabilidad".
Pero el panorama cambió drásticamente: "En el mes de mayo, en una reunión técnica, nos informan que parte de esos fondos nos lo van a reducir al 75% y nosotros tenemos que aportar el 25% para seguir sacando adelante las competencias que estábamos llevando en ese área", informa Fernández.
¿Cómo se explica que el mismo ministerio que utiliza a Melilla como referente nacional promueva simultáneamente el estrangulamiento financiero de sus políticas de igualdad? La respuesta de Fernández es contundente: "Si he hecho la crítica, me parece estupendo porque creo que sí tiene que ver con una cogobernanza en este caso en materia de Igualdad, que la Ciudad Autónoma da aporte, pero no lo puede garantizar".
Esta última frase encierra el núcleo del problema: el Gobierno central transfiere responsabilidades sin garantizar los recursos necesarios, una práctica que en el ámbito de las políticas de igualdad resulta especialmente grave por su impacto social directo.
Y es que el caso melillense refleja una problemática que trasciende las fronteras de la Ciudad. Cuando el Estado reduce su aportación a programas sociales básicos, las administraciones con menor capacidad presupuestaria se enfrentan a un dilema: asumir costes no previstos o ver reducidos servicios que afectan directamente a la ciudadanía.
La denuncia de Fernández revela las contradicciones de un sistema que predica la importancia de las políticas de igualdad mientras erosiona silenciosamente su financiación. Una práctica que convierte los derechos sociales en variables dependientes de la disponibilidad presupuestaria local, lejos de la universalidad que deberían garantizar.
