La Ciudad subraya que las facturas impagadas son el 2% del presupuesto

• El presidente accidental resalta “la cantidad ingente de trabajo” del área de Intervención

La Ciudad quita hierro a las críticas de la oposición respecto a que las cuentas del 2015 reflejan facturas impagadas por un valor total de unos cuatro millones de euros, como denunció ayer de nuevo Coalición por Melilla (CpM). El presidente accidental, Daniel Conesa, aseguró que los impagos son un 1,5% o un 2% del presupuesto global del pasado año.
Conesa reconoció que lo deseable es que no haya facturas impagadas. Sin embargo, resaltó que éstas “siempre van a existir” por varios motivos. En este sentido, indicó que algunos abonos no se harán por culpa de la Administración, pero que otros son imputables a los propios empresarios por tramitarlas de forma incorrecta.
De esta forma, el presidente accidental acusó a los grupos de la oposición de dar “un dramatismo que no tiene” a los pagos pendientes de la Administración y que se recogen “la famosa cuenta 413”, que obliga después a tramitar un reconocimiento extrajudicial que este año se ha retrasado más por la liquidación de los presupuestos del 2015.
Conesa recordó que esta cuenta es “un método legal” para afrontar el pago de esas facturas atrasadas, el cual habrá que analizar en la próxima Comisión de Economía y Hacienda para hacer las operaciones necesarias que permitan ese reconocimiento extrajudicial que facilite abonarlas.
Sobre el retraso en la tramitación de las cuentas del pasado año, aseguró que se debe al cambio de formato de los listados de balances y de la aplicación que se utiliza para confeccionar el documento, lo que se añade a la “cantidad ingente” de trabajo que tiene Intervención. “Cuando no se puede, no se puede”, añadió el presidente accidental que indicó que el trabajo es técnico y no hay intervención política en él.
Coalición por Melilla, por su parte, consideró ayer que las cuentas se han presentado “tarde y mal” y esto es “chapucero” en una administración, que maneja un presupuesto de unos 241 millones de euros, lo que a su juicio se debe a una mala gestión de los recursos humanos y públicos