La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno que aproveche la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 para recuperar de manera íntegra las pagas extraordinarias de los empleados públicos y restablecer la estructura retributiva existente antes de los recortes aprobados en 2010. El sindicato considera que, dieciséis años después de la adopción de aquellas medidas, ha llegado el momento de poner fin a una situación que continúa afectando a millones de trabajadores del sector público.
La organización sindical sostiene que el mantenimiento de la reducción en las pagas extraordinarias carece de justificación en la actualidad, ya que las circunstancias económicas que motivaron la aplicación de los recortes hace más de una década han desaparecido. Por ello, reclama que las nuevas cuentas públicas incluyan las partidas necesarias para revertir una medida que considera excepcional y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un recorte permanente en las nóminas de los empleados públicos.
Según los datos aportados por CSIF, esta reivindicación tendría una repercusión directa en cerca de 10.000 empleados públicos de Melilla. Entre los afectados se encuentran trabajadores de la Administración General del Estado, la Ciudad Autónoma, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias y otros organismos de las distintas administraciones públicas presentes en la ciudad.
El sindicato señala que todos estos trabajadores continúan viendo reducidas sus pagas extraordinarias pese a que la situación económica que justificó los ajustes salariales en 2010 ya no existe. A su juicio, la recuperación íntegra de estas retribuciones supondría una reparación de un perjuicio económico que se ha mantenido durante más tiempo del inicialmente previsto.
CSIF destaca además el impacto económico que este recorte tiene sobre las distintas categorías profesionales de la función pública. La organización cifra la pérdida salarial media anual en alrededor de 1.600 euros para los trabajadores del grupo A1, en unos 1.020 euros para los empleados del grupo A2 y en aproximadamente 500 euros para el grupo C1. En conjunto, esta situación afecta a más de 3,1 millones de empleados públicos en toda España.
La central sindical considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 representan una oportunidad para corregir esta situación y devolver a los trabajadores públicos unas retribuciones que, según defiende, nunca debieron ser recortadas de forma permanente. Además de la recuperación de las pagas extraordinarias, el sindicato reclama que las nuevas cuentas públicas permitan avanzar en otras demandas pendientes relacionadas con las condiciones laborales del sector público.
Entre esas reivindicaciones figuran la corrección de las desigualdades retributivas existentes, el desarrollo de la carrera profesional, la adecuación de la clasificación profesional y el fortalecimiento del sistema de asistencia sanitaria de MUFACE. Para CSIF, estas cuestiones deben formar parte de las prioridades de la negociación presupuestaria.
La organización recuerda que lleva dieciséis años defendiendo de manera ininterrumpida la recuperación de las pagas extraordinarias. Durante este tiempo, ha impulsado distintas iniciativas a través de la negociación colectiva, la presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y la organización de movilizaciones en diferentes puntos del país.
Asimismo, el sindicato presentó en 2023 una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar la recuperación de las pagas extraordinarias y, posteriormente, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el rechazo del Congreso de los Diputados a su tramitación. Según destaca CSIF, se trata del único sindicato que ha llevado esta reivindicación al Congreso y el recurso presentado ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Para la organización sindical, la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias no constituye una concesión, sino la corrección de un recorte salarial que, a su juicio, nunca debió prolongarse en el tiempo y que continúa afectando a miles de empleados públicos, entre ellos los trabajadores de las distintas administraciones de Melilla.
