La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla, Randa Mohamed (PP).
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha informado de que la Ciudad Autónoma va a solicitar la declaración de contingencia migratoria para Melilla con el objetivo de que todo menor migrante no acompañado que acceda a la ciudad autónoma de manera irregular tenga que ser trasladado a la península en un plazo máximo de 15 días.
La dirigente popular ha explicado que, a tenor de lo publicado en el Boletín Oficial del Estado respecto al reparto de menores migrantes, las comunidades deben asumir hasta tres veces su capacidad ordinaria, llegando a 84 plazas en el caso de Melilla. “Todo lo que esté por encima de 84 se considera sobreocupación”, señala.
Randa Mohamed, que ha matizado que el traslado de los menores contará con un plazo de hasta cuatro meses, ha calificado de insuficiente la partida de unos 900.000 euros que se incluye para Melilla en este RD para hacer frente a la sobreocupación de los centros y a los traslados. “La Ciudad Autónoma lleva muchísimos años financiando toda la sobreocupación que hemos estado sufriendo en esta ciudad y 900.000 euros se quedan muy, muy cortos, con lo que nos tiene que pagar todavía el Ministerio”, señala.
La consejera de Políticas Sociales hace hincapié en la presión migratoria que sufre la ciudad y recuerda que Melilla cuenta con un excedente de 175 menores, de ahí que se reclamen medidas y soluciones estructurales para hacer frente a este fenómeno migratorio. “Este Real Decreto (RD) no da esas soluciones estructurales”, incide la dirigente popular, al tiempo que matiza que este es un “fracaso” más del Gobierno central.
Al hilo de lo apuntado, ha reconocido que a la Administración local le preocupa que este RD y el reparto que se ha contemplado vayan a provocar un “efecto llamada” que propicien que el Gobierno central se convierta en “el último eslabón de las mafias que trafican con seres humanos”. Subraya que hay que controlar los flujos migratorios por una cuestión humanitaria y desde Melilla exige al Estado “soluciones reales, sostenibles y financiación suficiente porque la ciudad no puede seguir soportando en solitario una presión migratoria de menores no acompañados”.
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