La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, no termina de aclarar públicamente de quién es la competencia a la hora de abordar la situación del cauce del Río de Oro ni tampoco delimita qué parte es considerada "urbana" y cual "agrícola". Según afirma, la responsabilidad corresponde a la Ciudad Autónoma en la parte "urbana" pero sin decir desde dónde se puede calificar como tal; al mismo tiempo, asegura que el Gobierno de Melilla necesita su autorización para actuar en dicho entorno. O sea, ¿blanco y negro a la vez? Eso no es posible ni razonable como argumento para echar el marrón a la Consejería de Medio Ambiente.
No es la primera vez que la CHG se pronuncia en esos términos. Hace más de un año, la Ciudad Autónoma fue sancionada con 4.000 euros por limpiar el cauce del río que se supone que es algo que forma parte de sus competencias, después de que los ecologistas denunciaran esa actuación por daños para nidos. Ya entonces, la citada confederación le recordó a Medio Ambiente que era imprescindible contar con su expresa autorización antes de llevar a cabo semejantes acciones. Entonces, ¿de quién es la competencia?
Es fácil de entender que si algo está bajo mi exclusiva responsabilidad supone que soy quien toma las decisiones y las ejecuta sin esperar al visto bueno de nadie por encima. Si me obligan a solicitar permiso para poder limpiar el cauce, por ejemplo, resulta meridiano que son otros quienes tienen en su mano la potestad. Hasta ahí parece algo sencillo.
Por eso no es extraño que el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, acuse a la CHG de ser "ambigua" a la hora de establecer la competencia y que ésta se decida en función de sus intereses, que, según denuncia, no son los de la Ciudad Autónoma. Ventura entiende que la confederación funciona por conveniencia propia, sobre todo cuando se dice públicamente que no está actuando aún a pesar del aviso de riesgo de incendio que han emitido los expertos de bomberos.
Dentro de quizás una semana, Medio Ambiente va a poner en marcha trabajos para acabar con el cañizal en el cauce del río. Será el momento de comprobar si, como afirma la CHS, se trata de una competencia de la Ciudad o si paraliza la actuación aludiendo a falta de autorización. Será el momento de saber si efectivamente la CHG juega al ratón y al gato con el Gobierno de Imbroda, muy a pesar de la importante alerta dictada por el servicio de extinción de incendios.
