La Asociación de Embarcaciones Náuticas de Melilla (ANAME) ha presentado un recurso de alzada contra la resolución dictada por la Capitanía Marítima que establece nuevas restricciones a la navegación de motos acuáticas en aguas melillenses. La entidad considera que las medidas impuestas son "lesivas", "carentes de motivación legal" y vulneran derechos fundamentales como la libertad de circulación.
El recurso, registrado el pasado 1 de agosto ante la Dirección General de la Marina Mercante, cuestiona la legalidad de la Resolución 1/2025, publicada en el BOME el 15 de julio, que prohíbe, entre otras cosas, la salida de motos náuticas fuera de las aguas territoriales de Melilla, así como su navegación en diversas zonas costeras, como la ensenada de los Galápagos o la dársena comercial, y establece límites estrictos de velocidad y distancia con otras embarcaciones.
Desde ANAME, representada por su presidente Nuredin Hach Hadi Hassan y asistida jurídicamente por el letrado Daniel Tebar Carmona, se denuncia que las restricciones impuestas “no se encuentran motivadas debidamente ni justificadas con base en normativa legal alguna”. En el recurso, al que ha tenido acceso El Faro de Melilla, se solicita no solo la anulación de la resolución sino también la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resuelve el procedimiento administrativo.
Uno de los puntos más polémicos señalados por la asociación es la prohibición expresa de que las motos náuticas salgan de las aguas jurisdiccionales de Melilla, lo que ANAME considera una “limitación absoluta y arbitraria” al derecho constitucional de circulación. Esta medida “reduce a la nada la utilidad de las embarcaciones”, argumentan, y aseguran que restringe desproporcionadamente la actividad náutica en un entorno ya limitado por el espacio geográfico.
Además, critican que se haya adoptado esta decisión en pleno verano y sin haber previsto canales adecuados ni alternativas viables para los usuarios recreativos. Las restricciones, afirman, “imposibilitan de facto el uso normal de estas embarcaciones durante la temporada alta”.
El recurso también señala que la resolución adolece de una “falta absoluta de motivación”, tal y como exige la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. La única justificación que ofrece el documento impugnado es “la incidencia de las motos náuticas en el número total de expedientes sancionadores” y “las quejas del resto de usuarios”, algo que, a juicio de ANAME, “no se acompaña de datos objetivos ni pruebas documentales”.
Asimismo, se alega una posible desviación de poder, dado que la Capitanía estaría utilizando sus competencias para fines distintos de los que legalmente le corresponden. En concreto, se menciona que las restricciones no se fundamentan en motivos de seguridad marítima, prevención de la contaminación o protección del medio marino, que son las únicas causas que permitirían imponer estas medidas con carácter temporal.
En su escrito, la Asociación también advierte que las restricciones impuestas son incompatibles con la normativa estatal vigente, especialmente el Real Decreto 259/2002 y el 638/2007, que regulan las condiciones de navegación de este tipo de embarcaciones. Además, acusan a la Capitanía de actuar de forma incoherente al contradecir su propia resolución de mayo de 2024, que regulaba la navegación recreativa en Melilla y en la que no se contemplaban tales limitaciones.
Este cambio repentino, alegan, vulnera el principio de confianza legítima y la doctrina de los actos propios, al modificar sin previo aviso ni justificación el marco normativo que venían aplicando los usuarios de embarcaciones.
La decisión de la Capitanía Marítima se produce en un contexto político marcado por la tensión en el control del espacio marítimo. En declaraciones a este medio el pasado mes de julio, el capitán marítimo Jesús Tasende afirmó: “No podemos andar entrando y saliendo de otros países”, en referencia a la proximidad con la costa marroquí y la necesidad de controlar el tránsito marítimo.
Desde ANAME consideran que la resolución responde más a una estrategia política que a criterios técnicos o de seguridad, y advierten del impacto económico y social que estas medidas pueden tener sobre el sector náutico local.
