El pleno de la Asamblea ha decidido este miércoles, por unanimidad, dejar sobre la mesa la aprobación inicial de la modificación del reglamento regulador de las ayudas económicas y servicios para la atención de necesidades sociales de la ciudad autónoma, que data del año 2018.
El presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, ha sido quien, en última instancia, ha reconocido que la tramitación de esa modificación del reglamento había tenido una serie de “defectos de forma” que han provocado las quejas de la oposición.
Primero, la diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Almansouri se ha quejado de que el expediente de un reglamento “de suma importancia” se había tramitado “de forma atropellada”, dando apenas un par de días a la oposición -de viernes a lunes- para estudiar las modificaciones propuestas.
Además, Almansouri ha lamentado que no haya tenido la preceptiva exposición pública según establece el Portal de Transparencia para que los interesados puedan optar a esas ayudas y que tampoco contaba con el informe preceptivo del secretario general de la Asamblea.
En cuanto al contenido, la diputada cepemista ha lamentado que el reglamento no cambia suficiente el de 2018 cuando las circunstancias sociales sí que lo han hecho. “Es una modificación de mínimos”, ha apuntado, antes de recordar que, por ejemplo, en cuanto al material escolar, no todos los centros las piden, por lo que se discrimina a los menores en función del centro en que estén matriculados.
Almansouri, quien ha insistido en “darle la vuelta” al reglamento, ha acusado a la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, de no haberse leído los informes y le ha recordado que el del secretario general de la Asamblea es obligatorio, por lo que el Gobierno local se estaba “saltando la ley”.
Por su parte, el diputado de Vox, José Miguel Tasende, ha señalado que veía varios problemas en la reforma de un reglamento que podría suponer, en su opinión, un “efecto llamada” por la reducción de cinco a tres años del tiempo mínimo de residencia para optar a estas ayudas. Salvo que se aceptaran sus propuestas, Tasende ha anunciado que se abstendría, aunque finalmente no ha hecho falta, dado que la modificación ha quedado sobre la mesa.
De la misma forma, Tasende ha criticado el procedimiento empleado, igual que ha hecho el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, sobre esa tramitación “exprés”. “Sabemos que la oposición no merece consideración para ustedes, pero los ciudadanos merecen un respeto”, ha indicado acerca de la forma como el Gobierno local ha llevado este asunto durante dos años frente a los dos días que dio a la oposición para estudiar los cambios y ha pedido que sean cinco al menos.
Sobre el contenido, Azmani ha insistido en que dos años de residencia deberían ser suficientes para poder optar a esas ayudas y ha pedido que se tenga en cuenta también para quienes regresan a Melilla después de un tiempo viviendo fuera de la ciudad autónoma.
Un reglamento “bueno”
En su turno de palabra, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha defendido las medidas contenidas en la modificación de un decreto que “pone en el centro a las familias vulnerables”.
Para Mohamed, el hecho de que el contexto social haya cambiado drásticamente desde 2018 impulsaba a darle un vuelco a este decreto, también a causa de los impuestos del Gobierno central, a su modo de ver excesivamente altos.
Para la consejera, pasar de cinco años a tres la residencia es “un plazo razonable”, igual que es razonable el listón que se había puesto en cuanto a salario para quienes lo cobren, un 140 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta el punto de que podrían optar a él las familias con cinco miembros que ingresaran 1.658 euros al mes y que se había tenido en cuenta la subida del precio del alquiler y de las hipotecas.
La consejera ha remarcado que también habría cubierto los viajes a la península para quienes debieran recibir allí tratamiento médico y ponía a las ludotecas como un recurso independiente.
En resumen, para Mohamed, el decreto, que Imbroda ha calificado como “bueno” en su intervención, “pone en el centro a las familias vulnerables”.
Sin embargo, los defectos de forma que la oposición ha sacado a la luz -como el tiempo de exposición pública y de estudio para el resto de partidos o la ausencia del informe del secretario general de la Asamblea- han decidido finalmente al presidente de la Ciudad Autónoma a dejarlo sobre la mesa hasta que estos sean subsanados.
Sin segundo punto
El segundo punto del día que se iba a tratar en el pleno, la concesión de la placa al mérito social a título póstumo al piloto José Castaño de Meneses, ha sido cancelado debido a la ausencia, por enfermedad, de la consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar.
Mujeres asesinadas
Antes del comienzo de la sesión, el pleno de la Asamblea ha guardado un minuto de silencio después del asesinato de varias mujeres más a manos de sus parejas o ex parejas desde el último pleno.
Ya van 44 mujeres muertas por esta causa en 2025 y 1.342 desde que existen registros en España, lo que ha hecho a Imbroda lamentar que “todavía siguen viviendo estos canallas”.
