“Se está rogando, ya no instando, sino rogando al Ministerio de Justicia que se siente a hablar con los convocantes”. Con estas palabras, el juez decano de Melilla, Salvador Prieto, ha resumido el sentir general del colectivo judicial ante la falta total de diálogo por parte del Gobierno. La segunda jornada de huelga convocada por las principales asociaciones de jueces y fiscales ha transcurrido este miércoles en Melilla sin apenas novedades respecto al primer día. El seguimiento, según datos aproximados manejados en la ciudad autónoma, ronda el 70 % de la plantilla judicial y si bien se han producido algunas suspensiones de juicios, estas han sido limitadas a procedimientos considerados no urgentes.
Álvaro Salvador Prieto, juez decano de Melilla y también titular del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria, ha confirmado que la situación local no ha variado respecto al lunes. “Estamos exactamente igual que ayer. No ha habido ningún cambio”. En su valoración, la huelga avanza de forma pacífica, sin incidencias destacadas ni alteraciones graves del funcionamiento judicial en los servicios mínimos establecidos.
Silencio institucional
Uno de los aspectos más llamativos de esta huelga (en Melilla y en todo el país) es la ausencia de mecanismos oficiales para contabilizar el seguimiento del paro, lo que, en la práctica, dificulta que puedan aplicarse descuentos salariales a los jueces y fiscales que se adhieren a la protesta.
“En Melilla no tengo constancia de que se haya solicitado nada” desde el Ministerio de Justicia, ha afirmado Salvador Prieto al ser preguntado por si se estaban recopilando datos oficiales en la ciudad autónoma. “Más allá de que se está intentando recabar datos sobre el porcentaje de juicios suspendidos por parte del Secretario de Gobierno y de los letrados de la Administración de Justicia”, ha subrayado.
Tampoco los órganos judiciales superiores, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Superior de Justicia han articulado mecanismos eficaces para la recopilación de datos, más allá de solicitudes genéricas de comunicación de incidencias. “Ambas instituciones han convocado una Comisión Permanente Extraordinaria los tres días y han solicitado que se les ponga en conocimiento sobre las incidencias que se produzcan”, ha explicado.
Esta falta de seguimiento oficial genera una situación de limbo administrativo que, a juicio de muchos magistrados, resta presión a las instituciones del Estado, pero también impide valorar con precisión el impacto del paro.
Servicios mínimos operativos
En cuanto al funcionamiento diario de los juzgados melillenses, el juez decano ha señalado que los servicios mínimos (determinados por las propias asociaciones convocantes) están funcionando con normalidad. “Es posible que haya habido algún señalamiento”, apuntó, “pero en Melilla, por lo menos, no ha habido incidencias significativas”.
Se han suspendido únicamente aquellos juicios que no afectan a personas privadas de libertad, menores, colectivos vulnerables o que no entrañan consecuencias irreparables para los ciudadanos. “Supongo que algún juicio se suspenderá, pero no tengo las cifras oficiales”, ha reconocido el juez.
A diferencia de otras comunidades autónomas de España, donde algunos colegios de abogados han protestado por no haber sido avisados a tiempo de las suspensiones, en Melilla no se han detectado fricciones con la abogacía. “Aquí los abogados no han mostrado que estén molestos o descontentos”, ha indicado Salvador Prieto. Además ha añadido que el decano del Colegio de Abogados de Melilla ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo judicial.
Reivindicaciones y falta de diálogo
La huelga, convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales (APM, AJFV, FJI, AF y APIF), responde al rechazo de dos reformas legislativas impulsadas por el Gobierno. Una de ellas modifica el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, y la otra reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las asociaciones consideran que ambas iniciativas suponen una politización del poder judicial y una desnaturalización de su independencia.
En este contexto, la principal demanda de los jueces y fiscales es abrir un canal de diálogo real con el Ministerio de Justicia. Pero, según ha denunciado Salvador Prieto, ese acercamiento ni está ocurriendo ni parece probable. “Se está rogando, ya no instando, sino rogando al Ministerio de Justicia que se siente a hablar con los convocantes. Cosa que desde ya le digo que creo que el Ministro no va a hacer, pero creo, no lo sé”, ha lamentado.
Contexto nacional
El Gobierno ha mostrado su “respeto” a la huelga y ha reiterado su defensa de la “reforma modernizadora” impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El ministerio de Justicia pidió que antes de las 14 horas de ayer le informaran de los jueces y fiscales que han secundado la huelga. Sin embargo, fuentes de Justicia han explicado que a las 18 horas “ni el CGPJ, ni la Fiscalía, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro”.
De momento, no se han aplicado descuentos salariales y es probable que no se haga si no se identifican formalmente a los huelguistas. Un escenario que, según fuentes del propio Poder Judicial, recuerda a lo ocurrido en la huelga de 2018, donde finalmente tampoco se produjo una penalización económica tras un fallo judicial.
¿Y después del 3 de julio?
La huelga está convocada para tres jornadas: 1, 2 y 3 de julio. A la pregunta sobre una posible prórroga, el juez decano de Melilla es prudente. “Las asociaciones convocantes están manejando todas las posibilidades. Pero de momento no se ha informado de nada. Supongo que se querrá ver el seguimiento de los tres días, se querrá ver la repercusión que la huelga ha tenido”.
Si no se producen avances por parte del Ministerio ni señales de acercamiento, todo apunta a que las asociaciones valorarán nuevas medidas de presión, aunque por ahora prefieren no adelantar nada oficialmente.
Lo que sí parece claro, en palabras del juez decano de Melilla, es que la protesta no es simbólica ni testimonial. “Si la huelga no tiene ningún tipo de afectación en la prestación del servicio público y no tiene ninguna repercusión real, para hacer eso, creo que sería mejor no hacer nada”.
