La pasada semana Irídia, asociación especializada en la defensa de los Derechos Humanos, ha presentado en la Comisión del Interior del Congreso de los Diputados las principales conclusiones del informe ‘Vulneraciones de los Derechos Humanos en la Frontera Sur: Canarias y Melilla’. Este informe se elaboró entre los meses de diciembre y enero y analiza el fenómeno migratorio en el contexto de la pandemia de la COVID-19. El abogado y codirector de Irídia, Andrés García Berrio, y la investigadora en Derechos Humanos migraciones forzosas, Daniela Lo Coco, presentaron el informe en una reunión formal con diferentes grupos parlamentarios.
García Berrio explicó que las conclusiones de este informe llaman “a generar un cambio en la política migratoria y a que se respeten los Derechos Humanos”, a fin de que dejen de estar personas bloqueadas tanto en Melilla como en Canarias, y que así el Ministerio del Interior deje de generar controles discriminatorios para permitir que estas personas puedan realmente viajar.
Además, también explicó ala situación “absolutamente grave” de las condiciones de las personas que aún siguen muriendo en el mar; y que el hecho de que no existan vías seguras y legales de entrada en el territorio español. “Creemos que en la sociedad civil tenemos margen para poder avanzar y cambiar las actuales políticas migratorias tanto de la Unión Europea, pero concretamente del Estado español”, aseveró el abogado y responsable de Irídia.
Por su parte, Lo Coco puso de manifiesto que “las policías de la Unión Europea se han caracterizado por generar espacios de contención y por darle un peso muy grande a las deportaciones”. Señaló que “estos espacios de contención se caracterizan por generar lugares donde se facilita la vulneración de derechos de manera sistemática y sucede a lo largo de toda la frontera de la Unión Europea, como ha pasado en Lampedusa, en Canarias y en Ceuta y Melilla”.
Con este informe, basado en la situación concreta que se ha vivido en la Frontera Sur en un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria, trasladan las diferentes denuncias acerca que bloqueo migratorio que viven estos territorios españoles y exigen la intervención de los organismos internacionales competentes en materia, así como al Gobierno de España, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo y a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de Diputados.
En el informe, además de analizar la situación que se da en emergencia sanitaria, proponen una serie de recomendaciones entre las que urgen a los miembros de organizaciones internacionales a realizar una visita tanto a Melilla como a Ceuta para evaluar el grado de cumplimiento por parte del Gobierno español en sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.
También reivindican una vez más la necesidad de generar vías migratorias legales y seguras, y que se garantice una atención sanitaria y psicológica “por delante de la actuación policial ante la llegada de personas migrantes.
Desde Irídia agradecieron a todas las organizaciones que han dado apoyo a este informe, que son ya más de 50 entidades; y aseveran que seguirán trabajando para dar apoyo a las organizaciones que están haciendo un trabajo imprescindible en la Frontera Sur.
Asimismo, también que trasladaron que Irídia se ha adherido la carta al Gobierno que promueve la Red Acoge junto a Andalucía Acoge. Se trata de un manifiesto que han firmado ya más de 160 organizaciones que exigen un cambio en las políticas migratorias en Canarias y que las fronteras internacionales no se conviertan en una zona de excepción de las obligaciones con los Derechos Humanos.
