España plantea focalizar la cooperación entre los países del Mediterráneo Occidental en avanzar en la devolución de inmigrantes subsaharianos l También, en intercambiar bases de datos y crear equipos policiales conjuntos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reiteró ayer en Argel la necesidad de centrar la cooperación entre los países del Mediterráneo Occidental, “como hace España con su vecino Marruecos”, en formar a los responsables de las fronteras, intercambiar bases de datos de pasaportes y visados, crear equipos conjuntos de investigación policial para rastrear redes y rutas de la inmigración ilegal, formar patrullas mixtas que controlen las fronteras terrestres, marítimas y áreas (como la experiencia con Portugal, única en la UE, para el control de la inmigración y el narcotráfico en el Estrecho). También habló de aumentar la colaboración en torno a la devolución de inmigrantes subsaharianos que entren de forma irregular en Europa.
Estas declaraciones las hizo Fernández Díaz en la XV Conferencia de ministros del Interior del Mediterráneo Occidental que se celebró ayer en Argelia y que reunió a representantes de España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Libia, Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania (el grupo 5+5).
En ese encuentro se consensuó la Declaración de Argel con el ánimo de crear “una estrategia común para combatir el terrorismo e intensificar la lucha contra el narcotráfico”.
Para ello, los diez países del Mediterráneo Occidental se han propuesto en la cita de Argelia “intensificar la cooperación internacional, el intercambio de información operativa y de experiencias entre los servicios de seguridad y la celebración de reuniones técnicas”.
En origen, tránsito y destino
En materia de inmigración, el ministro del Interior español destacó que sólo es posible conseguir buenos resultados en la lucha contra la entrada irregular de inmigrantes “si se afronta mediante la conjunción de esfuerzos y contando con la colaboración imprescindible de los países de origen, tránsito y destino”.
Jorge Fernández Díaz puso también de manifiesto que “esa colaboración tan eficaz como sucede en el caso español, ha ofrecido unos resultados muy satisfactorios como lo demuestra la reducción del 30% de llegadas de inmigrantes ilegales a España en 2012 por vía marítima”.
Como es habitual en sus comparecencias, el ministro del Interior aprovechó para “reconocer la colaboración que de manera tan eficaz y con resultados excelentes nos brindan nuestros vecinos y socios en la lucha contra la inmigración irregular”, dijo en referencia al Gobierno marroquí.
Para Fernández Díaz el trabajo de los países del Mediterráneo Occidental debe dirigirse a combatir las organizaciones que trafican con personas en el África subsahariana.
Contra el terrorismo
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó además en Argel que la cooperación en la lucha contra el terrorismo de España con Argelia, Marruecos, Mauritania, Libia y Túnez se centra fundamentalmente “en la actividad terrorista de las organizaciones que actúan en los países del norte de África y en el Sahel”. Y lo hacen, según recalcó, intercambiando información de las operaciones policiales llevadas a cabo contra estos grupos y las células terroristas en cada uno de estos países y relativa a esas organizaciones terroristas.
Fernández Díaz también se refirió a la estabilidad y a la seguridad en el Sahel como “un objetivo prioritario para España ya que nos preocupa la situación convulsa que se vive en esta región y la amenaza terrorista que proviene de ella”.
La Declaración de Argel resalta la importancia de la cooperación bilateral y multilateral, el intercambio de información, el refuerzo de los controles fronterizos, la intensificación de la lucha contra el tráfico de drogas, armas, explosivos y contra el ciberdelito.
Respecto a Protección Civil prevé impulsar iniciativas como trabajar en el intercambio de información y avances tecnológicos y poner en marcha “una estrategia común para reducir riesgos en la gestión de catástrofes naturales o de origen humano”.
Asimismo la Declaración de Argel propone “coordinar un sistema moderno de alerta precoz” sobre todo para afrontar incendios, inundaciones y terremotos en cualquiera de los diez países del Mediterráneo Occidental.
La ONU admite una denuncia de tortura a inmigrantes contra Rabat
El Comité contra la Tortura de la ONU ha admitido una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contra Marruecos por deportar, en diciembre de 2006, a 42 subsaharianos reconocidos como refugiados por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas (Acnur).
El abogado sevillano Alberto Revuelta, responsable jurídico de CEAR-Sur, asegura en su denuncia que como consecuencia de la actuación de la Policía marroquí una mujer sufrió un aborto y otras dos fueron violadas repetidamente tras ser abandonadas en el desierto, en la frontera con Argelia.
Estas violaciones fueron certificadas en Oujda por facultativos de la ONG Médicos sin Fronteras.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2006, pero hasta ahora el Alto Comisionado para los Derechos Humanos no había anunciado oficialmente la tramitación de la denuncia, ya que Marruecos se opuso a su admisión pues desmintió los malos tratos y que los expulsados tuviesen documentos acreditativos de ser solicitantes de asilo o refugio.
La investigación se ha abierto por presunta vulneración del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, según el cual ningún Estado “procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.
Golpes y destrozos
La demanda dice que en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 2006 la Policía marroquí entró de forma violenta en varias viviendas de Rabat en una operación contra la inmigración clandestina y detuvo a 248 subsaharianos, de los cuales 42 tenían reconocida la condición de refugiados por el Acnur y portaban la documentación correspondiente.
La Policía marroquí hizo caso omiso de tales documentos, que “rompió o destrozó como algo inservible”, según la denuncia de la C omisión Española de Ayuda al refugiado, además de entrar en las viviendas sin órdenes de registro judicial y sin ofrecer asistencia letrada a los detenidos.
Como consecuencia de la actuación policial, una mujer sufrió un aborto, un enfermo de asma y paralítico del lado izquierdo del cuerpo fue golpeado por los policías marroquíes y otro hombre perdió el conocimiento a causa de una paliza, añade la denuncia.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la frontera con Argelia, donde fueron abandonados “en pleno desierto, sin protección, sin ropa de abrigo ni alimentos” y les amenazaron con dispararles si intentaban volver a Marruecos, insiste la denuncia.
Los refugiados se dividieron en grupos y vagaron perdidos por el desierto, situación en la que una mujer congoleña de 27 años identificada como C.W.K. fue violada por tres hombres que, según la denuncia, podrían ser militares marroquíes.
La otra violada fue una angoleña de 16 años, identificada como P.M.M., agredida por “tres chicos morenos que hablaban inglés”.
Ambas mujeres violadas consiguieron llegar a la localidad marroquí de Oujda, donde Médicos sin Fronteras certificó las agresiones que habían sufrido.
Los denunciantes son 36 hombres y seis mujeres, de los que 16 son nacionales de la República Democrática del Congo, dos del Congo Brazaville, 23 de Costa de Marfil y una de Angola.
La versión marroquí
Según Marruecos, la orden de expulsión de 230 inmigrantes de origen subsahariano en situación irregular no se refería a ninguno de los denunciantes y además la operación mencionada “se desarrolló con estricto respeto a los procedimientos previstos en la ley” ya que Rabat “nunca ha expulsado a extranjeros que se encuentren de manera legal o sean beneficiarios del estatuto de refugiados” y “algunas de las personas afectadas por la orden estaban en posesión de solicitudes de asilo falsas proporcionadas por redes de traficantes de personas”.
El Gobierno marroquí también argumentó que no se agotaron los recursos internos y que no se presentó ninguna queja a nivel interno sobre los hechos denunciados.
