El Ministerio del Interior debería parar de inmediato las obras que se llevan a cabo en Aguadú y solicitar un dictamen técnico que las encauce sin que sigan destruyendo el rico patrimonio medioambiental de ese sector de Melilla. Estamos hablando de un Gobierno al que se le llena la boca con la palabra ecologismo pero que, en la práctica, permite que máquinas excavadoras bajo su tutela destrocen la flora y la fauna única que existen nada menos que en una Zona de Especial Conservación (ZEC) incluida en la Red Natura 2000 establecida por Europa.
La voz de alarma ya la dieron los miembros de Guelaya cuando el 26 de agosto pasado denunció el “ecocidio” que estaba sufriendo esa ZEC por la acción de una máquina excavadora utilizada para las obras relacionadas con el vallado fronterizo. Días después, la Delegación del Gobierno aseguró por fuentes oficiales que dichos trabajos contaban con un informe de impacto medioambiental que, sin embargo, nunca se explicitó.
La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Medio Ambiente y a raíz del comunicado hecho público por los ecologistas melillenses, se puso manos a la obra para tratar de averiguar qué estaba pasando. Y a la vista de que las cosas realmente estaban mal, optó por pedir un informe científico independiente a la Universidad de Granada que, en realidad, no ha podido ser más explícito.
El dictamen de los técnicos de la UGR especifica que se ha destruido el 65% de la ZEC, que 28 especies han sido dañadas y otras decenas han desaparecido para siempre. Las fotos que hizo públicas Quevedo y que están en ese informe, no pueden ser más reveladoras: el antes y el después pone de manifiesto la destrucción enorme que se ha producido y que se antoja ya como irrecuperable.
El caso es que, mientras tanto, el Ministerio del Interior sigue erre que erre y no para las obras. La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, siempre al quite para proteger a sus compañeros de Madrid, justifica todo en base a la emergencia de la ejecución del proyecto. Y, además, sin tener necesidad alguna, poco menos que acusó a los redactores del informe científico de la UGR de mentir o manipular los resultados exhibiendo una foto del “antes” que, según afirmó, tenía ya años.
La reacción de estos profesores no se ha hecho esperar y han dejado al descubierto la falacia de la justificación de Sabrina Moh: la foto del “antes” está realizada con fecha del 27 de julio de 2023, justo antes de que se iniciaran las obras.
Resulta evidente que la delegada se ha quedado sola en la defensa de lo indefendible mientras los ecologistas de Guelaya anuncian que recurrirán a las instancias europeas, responsables de la inclusión de esa ZEC en su Red Natura 2000, y la Ciudad Autónoma reitera al Ministerio la necesidad de que las máquinas paren de inmediato su actividad.
