El presidente del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha mostrado su rechazo expreso a la decisión del Ayuntamiento de la localidad murciana de Jumilla, gobernado por el Partido Popular (PP), de prohibir los actos religiosos, culturales o sociales en los polideportivos locales, entre ellos los que venía celebrando en esas instalaciones el colectivo musulmán jumillano.
"Respetamos la libertad de actuación del Ayuntamiento de Jumilla, pero en absoluto la compartimos", ha indicado Imbroda en un mensaje publicado ayer sábado en la red social X.
Imbroda diferenció la decisión adoptada en la localidad murciana respecto a la actuación del PP melillense, marcada por "el respeto y protección constitucional con todas las religiones" y un compromiso que practica desde hace décadas para que Melilla sea una "ciudad de paz e intercultural".
Las voces críticas, lejos de cesar, han continuado en las últimas horas al sumarse Somos Melilla y Nueva Melilla a las que ya habían expresado inicialmente Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, formaciones a las que el presidente del Gobierno local acusó de intentar "captar a modo carroñero unos cuantos votos echando al PP la responsabilidad de lo que hagan otros fuera".
En sus declaraciones del viernes, Imbroda aseguró que su partido respeta y apoya todas las religiones y sus respectivos cultos, algo que considera demostrado con las diferentes actuaciones que ha llevado a cabo su Gobierno, entre ellas declarar festivo oficial la pascua grande musulmana y apoyar la organización de sus ceremonias en espacios públicos, como los rezos colectivos.
Por ello, consideró demostrado que el PP respeta "a todas las religiones en Melilla" y aseguró que así va a seguir haciendo, por lo que, a su juicio, no tienen que "dar explicaciones a nadie ni dar justificaciones de nada de lo que hagan por ahí los demás".
En julio de 2025, el Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el PP, aprobó una moción que limita el uso de instalaciones deportivas municipales exclusivamente a actividades de carácter deportivo o institucional. Esta medida ha generado una gran polémica, pues impide la celebración de actos religiosos colectivos como el Eid al-Fitr o Eid al Adha, organizados tradicionalmente por la comunidad musulmana local.
La propuesta fue impulsada inicialmente por Vox, que planteó explícitamente impedir el uso de espacios municipales para celebraciones religiosas islámicas. El PP, pese a suavizar el lenguaje final de la moción —eliminando referencias religiosas directas—, mantuvo el espíritu del texto, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel local como nacional.
Desde el Gobierno central, así como desde partidos como el PSOE e Izquierda Unida, se ha denunciado la medida como una forma encubierta de discriminación religiosa, contraria al artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de culto. Además, organizaciones religiosas de diversos credos, como la Comisión Islámica de España o la Conferencia Episcopal, se han sumado a las críticas, defendiendo el derecho de todas las comunidades a usar espacios públicos de forma inclusiva.
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