El juez considera que el interventor firmó los contratos por “delegación de firma” y no sustituyendo al entonces interventor Silverio Jiménez. La consejera Garbín y los cuatro abogados siguen imputados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Emilio Lamo de Espinosa, deja fuera del caso de la contratación de abogados al interventor de la Ciudad, Francisco Platero, al considerar que, tras tomarle declaración, no ha quedado “justificada la perpetración de delito alguno”, según expresa en el auto judicial al que ha tenido acceso El Faro. Por lo tanto, no hay motivo para que Platero continúe imputado en la pieza separada de la investigación que busca conocersi hubo o no irregularidades en la contratación de cuatro abogados por parte de la Consejería de Bienestar Social durante los años 2002 y 2011. De hecho, el juez ordena el sobreseimiento y archivo provisional de esta pieza de la investigación “únicamente respecto de Francisco Platero”, que estaba imputado por un delito continuado de prevaricación administrativa en calidad de cómplice.
Por el contrario, en la causa continúan imputados por el mismo delito la consejera de Bienestar Social, Mª Antonia Garbín, y los cuatro abogados externos a la Administración que fueron contratados, N.M.P., J.F.M.B., P.J.M.J. y E.M.M.S., a los que Lamo de Espinosa considera igualmente cómplices del mismo delito.
Todos ellos prestaron declaración ante el juez el pasado 12 de septiembre. Ni Garbín ni Platero hicieron declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados. En posteriores declaraciones a El Faro, la consejera defendió la legalidad de los contratos investigados. Aseguró sentirse “tranquila”, pues estaba “convencida” de que los contratos se hicieron “acorde a la ley”.
Motivación de la resolución
Tras la declaración de Platero y la documentación recibida posteriormente por Lamo de Espinosa, el juez considera que no hay motivos para sostener la imputación del interventor de la Ciudad. En esa imputación consideraba que Platero “no había formulado reparo de legalidad” en los contratos, pues hubiera obligado así a suspender la tramitación de la documentación contable de esos contratos, “ante la posible omisión de trámites esenciales y, muy singularmente, ante la reiteración en el tiempo de una manera de contratar que pudiera ser contraria a la concurrencia”, recoge el auto donde se le ‘desimputa’.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 explica que Platero desarrollaba su trabajo en ausencia del anterior titular de Intervención de la Ciudad, Silverio Jiménez, recientemente fallecido, y en esa forma de trabajar Platero “no actuó en funciones de suplencia conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) sino que lo hizo bajo la figura de la delegación de firma”.
Esta fórmula viene recogida en el artículo 16 de la misma ley que determina que la “eventual responsabilidad derivada de los actos y resoluciones emitidos con delegación de firma han de atribuirse al órgano delegante y no al órgano inferior, mientras que en el caso de la suplencia han de atribuirse al suplente y no al suplido”.
Por tanto, Lamo de Espinosa estima que Platero no firmó los documentos en sustitución del anterior interventor, Silverio Jiménez, “sino que su función consistió en firmar las resoluciones y actos previamente adoptados por éste, lo que objetiva una situación de delegación de firma que excluye su posible responsabilidad penal”, argumenta el juez.
El auto concluye con el sobreseimiento y archivo provisional de esta pieza de la investigación “únicamente respecto de Francisco Platero”, precisa Lamo de Espinosa.
Las pesquisas
Mientras que el interventor de la Ciudad, Francisco Platero, queda fuera de la instrucción del caso de la contratación de abogados, el resto de la investigación continúa su curso. Según las pesquisas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la contratación de los cuatro letrados no se ajustó a los requisitos legales. Los investigadores aseguran que la contratación se hizo con la intención de “lograr la designación directa de los letrados mediante el fraccionamiento de los pagos y la omisión de la actividad interventora”. Por su parte, la consejera Garbín insiste en que los contratos se ajustaron a la legislación vigente, como así le transmitió al juez en su declaración del pasado 12 de septiembre.
