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Son 5 los inculpados, entre los que están Mustafa Aberchán, Dionisio Muñoz y Gregorio Escobar
El juez que instruye el caso ‘Voto por correo’, una presunta trama de compra de votos en las elecciones generales de 2008 en la que se implica a 30 militantes de PSOE y Coalición por Melilla (CpM), anunció ayer que se va a estudiar la posibilidad de abrir un bloque contra los acusados de usar dinero de los Planes de Empleo. De este modo, se centraría únicamente en los delitos de prevaricación y malversación, de los que están imputados Mustafa Aberchán, presidente de CpM; Dionisio Muñoz, quien ejercía el cargo de secretario general del PSOE de Melilla en el momento de los hechos; Gregorio Escobar, delegado del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008; Ana Isabel Mansilla, exdiputada del PSOE y Joaquín Arana, exdirector provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
El magistrado explicó que la posible creación de este nuevo apartado se debe a que la investigación se ocupó no sólo de la supuesta compra de votos a cambio de ofrecer a los electores un puesto de trabajo, sino que también determinó que los cinco acusados nombrados anteriormente llevaron a cabo “decisiones administrativas” para la gestión de los Planes de Empleo.
Si finalmente se establecen dos bloques, se enjuiciaría por un lado lo referente a la gestión y contratación de los Planes de Empleo, con los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y por otro, la supuesta compra de votos, que corresponde a los delitos de asociación ilícita, falsedad y contra la ley electoral.
Según el juez, con esta división se busca “aliviar el enjuiciamiento”. Ahora bien, aclaró que la existencia de dos bloques no supone que el caso conste de dos piezas separadas. También indicó que no afectaría al derecho a la defensa.
Delitos
La Fiscalía atribuye a Mustafa Aberchán siete delitos por los que reclama condenas que suman hasta 27 años de prisión. Se le imputa un delito electoral del artículo 146.1 y 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por el que le piden tres años de cárcel; por otra conducta del 139.8 de la misma norma le piden dos años, y tres más por otro del 140 c) de la LOREG. Aparte, se le atribuye un delito de falsedad documental (seis años de cárcel), otro de malversación (seis años) y otro de asociación ilícita (tres años), lo que sumaría 27. Además, lo acusan de un delito continuado de prevaricación, por el que le reclaman 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Dionisio Muñoz es otro de los principales implicados en esta supuesta trama de compra de votos. La acusación le imputa las mismas conductas delictivas que las atribuidas a Aberchán y le reclama las mismas penas.
La acusación pública atribuye a Gregorio Escobar un delito continuado de malversación de caudales públicos, conducta por la que reclama que se le imponga una pena de seis años de prisión. Aparte, lo acusa de asociación ilícita y pide por este delito tres años de cárcel. Además, Escobar se enfrenta a otro cargo: un presunto delito continuado de prevaricación, para el que se solicita una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Arana y Mansilla
La Fiscalía le imputa a Joaquín Arana y a Ana Isabel Mansilla un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de asociación ilícita.
