EAPN publica un informe de los datos del 2010, que comparado con 2009, supone un descenso de más de 3.200 melillenses.
Según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Melilla contaba en 2010 con un 37,3% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone más de 23.400 melillenses.
En este informe, la Ciudad Autónoma se sitúa con el tercer porcentaje más alto, tan sólo superada por Extremadura, con el 41,5% y Ceuta, con el 37,7%.
Sin embargo, y pese a esta cifra tan alta, se aprecia un cierto descenso si se compara con los datos de 2009, ya que entonces el porcentaje alcanzaba el 40,5% de la población, la segunda región española, solo superada, de nuevo, por Extremadura con un 41,50%.
En cuanto a los datos nacionales, las cifras arrojan un aumento de más de dos puntos respecto al 2009, situando la tasa en un 25,50% en 2010, lo que supone un crecimiento de más de un millón de españoles y que deja la cifra total por encima de los 11,6 millones de personas que están en situación o riesgo de pobreza o exclusión social; un aspecto que desde la entidad calificar de “absolutamente preocupante”.
Se trata, según apunta la organización, del porcentaje más alto desde 2004, fecha en que se inicia la recopilación de este indicador en Eurostat.
Por ello, EAPN, que recuerda que la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las autonomías, asegura que “es necesaria una profunda transformación de las políticas sociales en España para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la difícil situación económica”.
Analizando las políticas que cada autonomía lleva a cabo para combatir esta lacra, el informe señala “las diferencias llamativas” que existen entre ellas, de tal forma que apunta que no existe un crecimiento homogéneo en los distintos territorios y que mientras unos muestran una “disminución leve” –Melilla, Galicia, Asturias, La Rioja y Ceuta–, en otras hay “un pronunciado aumento” –entre las que destacan Valencia, Murcia, Cataluña, País Vasco o Extremadura–.
El objetivo comprometido por las autoridades españolas, según la EAPN, es una bajada de entre 1,4 y 1,5 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social en el plazo de un decenio, hasta 9,1 ó 9,2 millones en 2019. “Pero el reto de la reducción, lejos de encaminarse hacia la meta, se dirige en dirección contraria”, constata el estudio.
Además, indica que esta reducción “debe llevar aparejada la meta de una sociedad más igualitaria”, un logro que sí apreció en las décadas de los 70 y los 80, pero que según indica, en la de los 90 y en adelante, “las desigualdades se han incrementado”.
Así, censura que España, comparada con los países desarrollados de nuestro entorno, “se ha mantenido en los puestos inferiores en gasto público en prestaciones económicas, servicios o desgravaciones fiscales a las familias”. Asegura igualmente que “no ha dedicado” el máximo de recursos disponibles a fortalecer la protección social de las personas en riesgo de pobreza y exclusión, provocando que incluso en época de bonanza no se redujeran estos niveles.
En este sentido, el informe indica que la crisis económica está afectando profundamente a la sociedad en su conjunto y que el aumento en más de un millón de personas en España en riesgo de pobreza y exclusión social comparado con los datos del 2009 es “un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía”.
Del mismo modo apuntan que este dato es una muestra de la “incapacidad” de las medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como una prueba tangible “de la urgente necesidad de reformular las medidas de protección a la ciudadanía”, pues la pobreza y la exclusión social “atentan directamente contra el derecho fundamental de las personas a contar con los recursos suficientes para llevar una vida digna, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y niveles mínimos de bienestar”.
Por todo ello, desde EAPN proponen que la inclusión social sea “una prioridad” y que debe estar en el centro de la agenda de España. Aseguran que sólo se obtendrá “si hay políticas decididas en este sentido” y aboga porque las estrategias de lucha contra la pobreza deben ser “transversales e incorporar medidas especialmente diseñadas que garanticen la cohesión social y territorial”.
Su reivindicación es contar con un Pacto de Estado de Inclusión que coordine la acción de las distintas administraciones públicas y demás actores sociales y que tenga como objetivo fundamental construir un modelo de desarrollo inclusivo e igualitario.
Indicadores para medir el riesgo de pobreza y exclusión
Para medir el riesgo de pobreza y exclusión social, la EAPN utiliza un indicador que propone la Unión Europea, AROPE, y que agrupa a tres factores.
Por un lado, la renta, la población bajo el umbral de la pobreza –con el umbral nacional–. En este sentido, la organización indica que se considera en riesgo a las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta media equivalente.
El segundo aspecto sería la privación de material severa (PMS), que relaciona los ingresos de una familia con las posibilidades de consumo. Agrupa a personas que viven en hogares que declaran no poder permitirse cuatro de los nueve items seleccionados, como pagar un alquiler o letra; mantener la casa adecuadamente calefaccionada; afrontar gastos imprevistos; una comida de carne, pollo o pescado al menos tres veces por semana; pagar unas vacaciones al menos una semana al año; un coche; una lavadora; un televisor y un teléfono.
El tercero es la intensidad de trabajo, la población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH). Esta variable comprende la relación entre el número de personas que trabajan en un hogar y el que están en edad de trabajar.
Los datos de Melilla en estos tres aspectos son: En el primero, un 27,6%, lo que supone 18.878; en el PMS, un 6,8%, es decir 4.643 personas; y en el BITH, un 9,9%, lo que equivale a 6.737 melillenses.
