Ya es oficial: el Gobierno de España sigue avanzando para reducir al máximo los espacios disponibles para fumar. El Consejo de Ministros aprobó el martes en segunda vuelta su proyecto de Ley del tabaco, que ahora será remitido a la Cortes Generales para dar los pasos necesarios hacia su tramitación parlamentaria. La legislación busca, además, reforzar la protección de niños y adolescentes y adaptarse a nuevos artículos como los populares ‘vapers’.
Mónica García, ministra de Sanidad, recordó que el tabaco provoca cerca de 50.000 muertes al año en España y que el Ejecutivo central trabaja para que la sociedad quede completamente libre de humos. Una de las novedades con respecto al anteproyecto que fue aprobado en septiembre es la incorporación de todas las playas del país, marítimas y fluviales, en las que no se podrá encender un cigarro ni vapear.
A la lista se suman las terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de transporte público y andenes en exteriores, piscinas comunitarias sean públicas o no, instalaciones deportivas, parques nacionales y vehículos de trabajo siempre que no sea con fines personales. Se incluyen, además, recintos con fines culturales como espacios para espectáculos, teatros, cines y conciertos, hasta cuando se celebran al aire libre.
Se establecen “entornos de protección reforzada” en espacios considerados sensibles como accesos a edificios públicos de diversa índole: centros sanitarios, sociales, educativos, culturales, deportivos y de investigación. También museos, bibliotecas y parques infantiles; en todos ellos no se podrá fumar a una distancia inferior a 15 metros. Por otro lado, la venta de ‘vapers’ quedará limitada a establecimientos especializados designados por una orden ministerial futura.
Estos cigarrillos se han popularizado entre jóvenes y adolescentes y suponen un grave riesgo para la salud aunque todavía se minimizan sus efectos. La ley expresa que se prohíbe el consumo de tabaco o productos relacionados, tengan o no nicotina, a todos los menores de 18 años. Hasta ahora, solo estaba vetada la venta. Es una forma de prevenir y proteger a este colectivo; las multas partirán de los 200 euros y serán asumidas por los padres o tutores del menor.
Se limita la publicidad y promoción de estos productos en locales y vía online. Estas medidas supondrán un ahorro considerable para el Estado español en cuanto al tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo. Desde el Ministerio esperan que salga adelante sin mayor dificultad. Las opiniones de los melillenses son variadas al respecto: están los más extremistas, que creen que debería prohibirse por completo, y los que defienden que deben respetarse también los derechos de los fumadores.
Pero la visión mayoritaria es el punto medio entre ambos extremos: en espacios como playas o parques, nada de humo, pero que se habiliten otros específicos para poder fumar. Es una acción que se ha puesto en marcha en el interior de algunos aeropuertos y que está funcionando bien. Finalmente, otros piensan que está bien preocuparse por las consecuencias del tabaquismo, pero que el Gobierno podría ocuparse a la par de otros asuntos importantes como el precio abusivo de la vivienda.
Un sector de la sociedad opina que las medidas adoptadas no están terminando de funcionar y que se deberían plantear otras alternativas para prevenir y concienciar. Quizá, con este nuevo paquete del proyecto de ley, la mentalidad de los españoles cambie y los datos sobre tabaco den un giro inesperado. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha mostrado su postura al respecto.
En este sentido, piden que los partidos políticos se pongan de acuerdo y mejoren el proyecto de Ley del tabaco incorporando un aumento en su fiscalidad y el empaquetado genérico. Esta última acción no se ha podido incluir pero esperan que se haga en un futuro próximo. No critican la norma y la consideran adecuada, pero expresan que podría mejorarse el texto con estas dos medidas.
Solicitan que se prohíban más adelante los ‘vapers’ de un solo uso como ya sucede en otros países europeos. Por otro lado, el consenso político es fundamental para agilizar su tramitación parlamentaria. Son pasos importantes que buscan blindar a la población española frente a la adicción al tabaco y la nicotina y que pueden suponer un cambio significativo en la prevención del cáncer y de otras enfermedades asociadas a su consumo. Así, se podría alcanzar la primera generación libre de tabaco en nuestro país para 2030.
