El Juzgado de Instrucción número 4 fue ayer el escenario de un nuevo capítulo del conocido como ‘caso del voto por correo’. El sumario sigue engordando con las declaraciones de los imputados. Alguno de ellos, Dionisio Muñoz, ha anunciado que dejará de encabezar el partido que dirigía cuando la investigación judicial salió a la luz pública. Han pasado los días, las semanas, los meses... ha habido elecciones, ha cambiado el color del Gobierno central y la instrucción continúa con su lento y tedioso caminar. La falta de medios y recursos humanos a los que se enfrentan los jueces en su hacer cotidiano impide que las causas progresen a un ritmo adecuado, especialmente aquellas caracterizadas por su complejidad. Por fortuna, las carencias en los juzgados no impiden que la mayoría de las investigaciones mantenga un avance constante; un avance pausado y desesperante, pero avance al fin y al cabo. Sin embargo, eso es bastante para satisfacer las necesidades de una sociedad como la española del año 2012. El país necesita unos jueces con recursos suficientes para dictar sentencias que sean lo más ajustadas posible al Derecho, en un tiempo razonable. Esta necesidad es más imperiosa aún en casos como los del ‘voto por correo’, donde está en duda si se ha manipulado la soberanía popular y existen sospechas sobre el proceder de quienes aspiraban a ejercer la representación política de los ciudadanos de Melilla. ¿Qué explicación puede ofrecer el Estado de Derecho a los imputados si pasado el tiempo una sentencia afirma que no hay pruebas suficientes para tumbar su presunción de inocencia? ¿Qué decirles a los ciudadanos que han vuelto a depositar su confianza en los partidos que representaban los procesados si años más tarde un fallo judicial asegura que éstos son culpables?.
