El Pleno de la Asamblea aprobó ayer, casi por unanimidad, la adjudicación del servicio de limpieza viaria, del que se encargará durante los próximos cuatro años –prorrogable en dos más– la UTE formada por Urbaser y FCC. Se trata de un contrato importante, no sólo por el volumen de su inversión, más de 45,6 millones de euros, sino por el aumento significativo que en materia de contratación de personal supone. En concreto, 90 personas. Un aspecto que todos los Grupos de la Asamblea tuvieron en cuenta y que fue determinante en la decisión de muchos de ellos.
Parece claro que el problema del empleo es algo que, de momento, aúna posturas, aunque con algunos matices.
La oposición quiere que el Gobierno local fiscalice la contratación de esas nuevas 90 personas e incluso, en el caso de CpM, demandó que se les ponga “nombres y apellidos” y se tenga en cuenta a los colectivos sociales más desfavorecidos.
Esta petición, desde luego razonable, parece inferir en la Dirección de esta UTE, que desde luego tendrá sus propios criterios.
Cabe esperar, sin embargo, ante la petición de los políticos, que la tenga en cuenta y sea capaz de valorarla en su oferta de trabajo.
De momento, hay 90 melillenses que esperan como agua de mayo ser uno de los elegidos para poder salir de esa situación, que en el caso de muchos de ellos ya se extiende por demasiado tiempo.
