El Senado aprobó este 6 de mayo, con una amplia mayoría y el voto en contra del PSOE, una proposición no de ley (PNL) destinada a mejorar los medios de la Guardia Civil y garantizar la continuidad del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS-8) en Canarias. La iniciativa, apoyada por 21 senadores de todos los grupos parlamentarios salvo el socialista, busca atender las demandas históricas del cuerpo en cuanto a recursos y condiciones laborales.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización mayoritaria del colectivo, se celebró este avance como un paso importante en la dignificación de su labor. Sin embargo, lamentaron profundamente la negativa del Grupo Socialista, que según indican desde AUGC “una vez más se posiciona en contra de medidas fundamentales para reforzar nuestras garantías profesionales”.
La proposición no de ley aprobada insta al Gobierno a dotar de mayores medios humanos y materiales a la Guardia Civil, especialmente en territorios donde las exigencias de seguridad son mayores, como Canarias, Ceuta y Melilla. En el caso específico del archipiélago canario, la medida apunta a frenar la prevista disolución del GRS-8, una unidad clave para mantener el orden público y dar respuesta a situaciones de emergencia.
Este respaldo parlamentario llega en un momento de creciente preocupación por la falta de recursos en el cuerpo, una situación que los agentes vienen denunciando desde hace años. Según recordaba El Faro de Melilla en noviembre de 2024, los guardias civiles alertaban entonces de la necesidad urgente de reforzar sus medios para poder cumplir con sus funciones. Entre las carencias mencionadas destacaban la escasez de personal, la antigüedad de los equipos y vehículos, y la falta de inversiones sostenidas en formación y tecnología.
El debate en el Senado reflejó esa preocupación transversal, ya que, salvo el PSOE, todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de atender las demandas de la Guardia Civil. AUGC, por su parte, recordó su larga trayectoria de lucha por la democratización y profesionalización de la institución. Fundada como un sindicato clandestino en los años de la transición democrática, la asociación fue reconocida en 2010 con el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
La aprobación de la PNL no implica la implementación automática de las medidas, pero supone una señal política importante que AUGC espera que el Ejecutivo tome en cuenta. “Es el momento de pasar de las palabras a los hechos y garantizar que los guardias civiles puedan desempeñar su labor con garantías y dignidad”, indicaron desde la asociación en un comunicado.
El foco sobre el GRS-8 en Canarias se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la seguridad en las islas y las fronteras sur de España, donde la presión migratoria, los riesgos vinculados al narcotráfico y las tensiones sociales requieren de una respuesta eficaz. En noviembre pasado, según informó El Faro de Melilla, los agentes ya advertían que sin una mejora urgente de medios, el trabajo diario en zonas como Melilla o Canarias se volvía insostenible, poniendo en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la integridad de los propios guardias civiles.
En los próximos días, AUGC prevé reunirse con representantes parlamentarios y del Ministerio del Interior para exigir que las recomendaciones recogidas en la proposición no de ley se transformen en medidas concretas y presupuestos asignados. El respaldo político es, para la asociación, solo el primer paso de un proceso que deberá traducirse en inversiones reales para mejorar la operatividad y garantizar los derechos de los agentes en todo el territorio nacional.
