Fernando Germán Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente y exdecano de los jueces de Melilla, ha expresado su confianza en que la huelga convocada por jueces y fiscales en toda España, que comienza este martes 1 de julio, reciba un respaldo masivo por parte de los profesionales de la Justicia. La protesta se extenderá durante tres jornadas y pretende mostrar un firme rechazo a dos proyectos legislativos del Gobierno que, según denuncian, amenazan la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
“Esperamos un seguimiento importante en todas las cargas judiciales y fiscales, pese a los intentos de restringir el derecho a huelga, especialmente entre los fiscales”, explicó Portillo, quien calificó de “profundamente ilegal” la instrucción dictada por el fiscal general del Estado que limita ese derecho en el Ministerio Público.
La huelga llega precedida de una multitudinaria concentración celebrada el pasado 28 de junio en la plaza frente al Tribunal Supremo, en Madrid. Según cifras policiales, alrededor de 10.000 personas participaron en la manifestación, incluyendo a un millar de jueces que se desplazaron desde diferentes partes del país. “A pesar del calor y de que muchos compañeros ya están en periodo vacacional, conseguimos una presencia notable. Fue un puñetazo en la mesa que permitió visibilizar nuestras razones”, sostuvo.
El Foro Judicial Independiente denuncia que las reformas propuestas, lejos de ser una mejora para el sistema judicial, buscan introducir criterios políticos en los nombramientos de jueces y fiscales, así como modificar sustancialmente el modelo de instrucción penal. “Lo que se pretende no es lo que se anuncia. No hay demanda social, ni urgencia objetiva que justifique este cambio acelerado”, advirtió el presidente del Foro.
Portillo fue especialmente crítico con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien acusó de faltar a la verdad al declarar que los jueces no se han leído el texto de las leyes. “Hemos remitido al Gobierno cinco informes técnicos elaborados por la Asamblea de Jueces y Fiscales, cada uno de más de 30 páginas, en los que exponemos con argumentos jurídicos sólidos por qué nos oponemos”, explicó.
Además, señaló que la falta de diálogo con los operadores jurídicos demuestra una voluntad de imponer medidas que no cuentan con el respaldo de quienes integran el sistema judicial. “El problema no es técnico, es político. Lo que quieren es meter la política donde no debe estar: en la justicia y en la fiscalía”, aseveró.
El presidente del Foro considera que si las reformas se aprueban, supondrán un retroceso democrático. “Están en riesgo dos pilares esenciales del Estado de Derecho. La independencia judicial y la separación de poderes no pueden negociarse ni comprometerse por intereses partidistas”, afirmó.
Aunque Portillo reconoció que el destino de las leyes se definirá por los apoyos que consigan en el Congreso y el Senado, destacó que las protestas pueden contribuir a generar conciencia entre la ciudadanía y los legisladores. “Si logramos que más ciudadanos comprendan lo que está en juego, habremos hecho nuestra parte. La huelga también busca sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de votar estos proyectos”, añadió.
Una de las preocupaciones del Foro Judicial es la escasa conciencia social sobre las implicaciones de las reformas. No obstante, Portillo destacó que la manifestación del 28 de junio demostró que la ciudadanía empieza a despertar. “Miles de personas vinieron a Madrid desde otros puntos del país. Entienden que si jueces y fiscales salen a la calle, no es por privilegios, sino porque se están tocando los cimientos del sistema democrático”, recalcó.
En sus declaraciones, también se refirió a los ataques personales que han sufrido algunos magistrados por el contenido de sus resoluciones. Puso como ejemplo los comentarios vertidos contra el juez Pablo Llarena, a quien algunos han acusado de prevaricación. “Defenderemos siempre a los compañeros que sean atacados injustamente. Las críticas deben hacerse sobre el contenido jurídico de las sentencias, no con descalificaciones personales que buscan desacreditar al juez y erosionar la imagen del Poder Judicial”, subrayó.
Portillo lamentó que estos ataques contribuyan a debilitar la confianza ciudadana en la justicia. “Una justicia que no cuenta con el respeto de la sociedad es una justicia más débil frente a los abusos de poder. Nuestra legitimidad se sustenta en esa confianza, y por eso es tan importante defenderla”, explicó.
Por otro lado, valoró positivamente el papel desempeñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente a estas agresiones. “La presidenta del Consejo ha salido en seis o siete ocasiones a condenar públicamente estos ataques. Eso nos da respaldo y demuestra su independencia, algo especialmente importante considerando que accedió al cargo sin pacto político entre los partidos”, sostuvo.
Finalmente, el presidente del Foro Judicial Independiente reiteró que el paro no busca beneficios laborales, sino proteger principios fundamentales. “No pedimos mejoras económicas. Pedimos respeto por el principio de legalidad, por el equilibrio de poderes y por una justicia libre de presiones políticas. Esto es lo que está verdaderamente en juego con estos proyectos”, manifestó Portillo, haciendo un llamamiento a la participación en la huelga para defender la calidad democrática del sistema judicial español.
El presidente del FJI también quiso remarcar que esta movilización se produce en un momento especialmente delicado para la justicia española, con una creciente preocupación por su politización y por la falta de consensos institucionales. “La desconfianza en las instituciones no se combate debilitando aún más su independencia, sino reforzándola. Necesitamos una justicia sólida, respetada y libre de injerencias para garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, apuntó.
En su opinión, lo que está ocurriendo forma parte de una dinámica más amplia que busca erosionar los contrapesos democráticos, y por ello considera esencial que los profesionales del derecho, junto a la ciudadanía, actúen con firmeza. “El Estado de Derecho no se defiende solo; requiere compromiso activo. Esta huelga es una expresión de ese compromiso”, concluyó.
