El sindicato CSIF ha vuelto a advertir sobre la necesidad urgente de reforzar las plantillas en los juzgados de violencia sobre la mujer para evitar el colapso en la tramitación de los procedimientos. A nivel nacional, la organización sindical considera insuficiente el reciente anuncio del Ministerio de Justicia de incorporar 50 nuevos jueces este año, ya que estas medidas no van acompañadas de un aumento del personal de apoyo, compuesto por funcionarios de los Cuerpos de Letrados, Gestión, Tramitación y Auxilio. Según CSIF, sin personal suficiente y con la especialización adecuada, será difícil ofrecer una protección integral y efectiva a las víctimas, agravando su situación.
En este contexto, Ángel Castillo, presidente de Justicia de CSIF Melilla, ha explicado cómo se vive esta situación en la ciudad autónoma. “Aquí en Melilla no tenemos un juzgado de violencia contra la mujer exclusivo”, asegura, señalando que es el Juzgado número 4 el que asume estas competencias además de otros asuntos. “Siempre hemos pedido más personal y complementos concretos para el personal que trabaja en ese juzgado, pero de momento no se ha producido ningún refuerzo”, añadió.
Castillo subraya que los retrasos no son exclusivos de los juzgados que tratan casos de violencia contra la mujer. “Retrasos hay prácticamente en todos los juzgados y todas los órdenes. Hay mucho retraso también en el social que se están señalando juicios para 2027. En el Civil también hay retraso. Y en este caso también tiene que haber retraso porque es algo endémico en este país”, reconoce, haciendo referencia a la saturación que se observa también en otros órganos especializados.
La falta de personal provoca que los procedimientos se prolonguen de manera excesiva, afectando directamente a las personas que buscan justicia. “Si te dicen que tu procedimiento te da una cita para dentro de seis o siete meses o un juicio social para dentro de un año, fíjate el chasco que te llevas”, explica.
En Melilla, la situación se complica con la creación del Juzgado Mixto número 6. Según Castillo, este órgano judicial “le ha salido totalmente gratis” al ministerio de Justicia porque no se ha dotado con nuevos funcionarios. En lugar de incrementar el personal, se trasladaron funcionarios de otros juzgados contenciosos existentes, dejando los anteriores con plantillas insuficientes. “De los tres contenciosos que había, uno desapareció y los tres funcionarios fueron incorporados al mixto número 6, pero el nuevo juzgado necesitaba seis funcionarios. Se trasladaron tres, y los otros tres nunca se nombraron. Por eso siguen faltando efectivos en los otros juzgados. No puede haber dos contenciosos con tres funcionarios nada más”, explica Castillo.
Castillo insiste en que la solución pasa por un incremento real y sostenido de personal en todos los juzgados. Esto incluye tanto a jueces y fiscales especializados como a los funcionarios encargados de la tramitación de los procedimientos. Sin este refuerzo, advierte, la justicia seguirá acumulando retrasos y las víctimas no recibirán la protección que la ley les garantiza.
La problemática reflejada en Melilla es un ejemplo de la situación nacional, donde el sindicato CSIF reclama desde hace años medidas estructurales para evitar el colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer. Sin personal suficiente y sin los medios adecuados, la justicia se ralentiza y el impacto negativo recae directamente en quienes buscan protección frente a delitos graves.
CSIF denuncia que la falta de planificación y de recursos humanos en Melilla y en toda España está provocando retrasos generalizados y sobrecarga de trabajo en los juzgados, comprometiendo la eficacia judicial y la atención a las víctimas de violencia de género y a todas en general. Castillo ha concluido asegurando que mientras no haya un compromiso real de incremento de plantilla, la situación seguirá siendo crítica tanto para profesionales como para quienes dependen de la justicia.
