El juez decano lamenta la "indefinición" ante la Ley de Eficiencia de Justicia

Desde el pasado viernes día 3 de octubre, se han ampliado las atribuciones de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el 3 de enero.

Una nueva legislación en la que el juez decano de Melilla, Álvaro Salvador Prieto, lamenta que está dejando una "indefinición total" en la judicatura.

Por lo pronto, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer reconocen delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, independientemente de si existe o no una relación previa entre víctima y agresor.

Sin embargo, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sólo verán los delitos sexuales cometidos a partir del pasado viernes, por lo que los casos que ya se estén enjuiciando seguirán en los juzgados correspondientes.

Aunque la situación en Melilla es de normalidad, tal y como ha manifestado a El Faro el juez decano, los funcionarios ya han previsto un aumento en el volumen de trabajo, especialmente en asuntos de complejidad extraordinaria.

Si bien el Gobierno central aprobó el pasado 3 de junio el establecimiento de 50 nuevas plazas judiciales especializadas, el juez decano recordó que estas no contarán con dotación de personal funcionario. Además, en el caso de Melilla no se ha previsto ninguna nueva plaza.

Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia

Por lo pronto, el juez decano lamenta la "total falta de información" respecto a esta Ley Orgánica, la cual asegura, supondrá un "cambio radical" en la organización judicial una vez entre en vigor con total plenitud el 31 de diciembre de este año.

"A día de hoy no existe ninguna previsión de cómo se pretende organizar el servicio. Se ha requerido información al Ministerio, pero no nos transmiten nada y eso hace que no hayamos previsto nada bueno".

Una falta de información que no sólo se circunscribe a la Ley de Eficiencia, sino también a otras medidas como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se modificaron 13 artículos y, según denunció el juez decano, no se ha informado de nada a los funcionarios.

"Hasta ahora hemos tenido buenas palabras, pero muy poca información. Parece que el Ministerio o no sabe como implantarlo o le da igual. Si a alguien le da por pensar mal, juraría que se está intentando que la Justicia colapse. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para garantizar el buen funcionamiento, pero si no sabemos nada, poco podemos hacer. Es una incertidumbre que reina en los compañeros de toda España".

Transformación

Álvaro Salvador Prieto ha hecho referencia al Real Decreto 388/2025, de 13 de mayo, por el cual se transformó el antiguo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 en el nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 (Mixto número 6).Una medida tomada, añadió el juez decano, sin contar con una dotación de personal. En su lugar, dijo Prieto, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha optado por redistribuir personal ya existente, sin ampliar plantilla alguna, dejando "cojos" de funcionarios a los otros dos contencioso-administrativos.

El propio juez decano exigió el pasado verano que se nombrasen a los funcionarios correspondientes para poder hacer frente a una guardia en el Mixto número 6. Sin embargo, afirmó que desde el Ministerio escogieron a los funcionarios de los otros órganos y no se nombró a ningún interino para la creación de nuevas plazas.

"Estamos muy desalentados y preocupados, porque el 31 de diciembre está ahí mismo y hay que planificar los nuevos servicios comunes, la coordinación con jueces y magistrados y cómo estos tendrán conocimiento de estos asuntos para que se resuelvan de forma efectiva. En definitiva, el día a día de un órgano jurisdiccional".

No obstante, el juez decano ha querido romper una lanza por los sindicatos, así como por los responsables del Ministerio en Melilla y Málaga, quienes según manifiesta, se esfuerzan constantemente en que la Justicia funcione.

"Si sus propios jefes no les dicen nada, tampoco pueden darnos la información requerida. Vivimos en una indefinición enorme, pero no sé si no lo saben o no les interesa".

Por lo pronto, anticipa que no será hasta después de las fiestas Navideñas cuando se conozca el alcance de la nueva Ley de Eficiencia. Sin embargo, el juez decano teme el "total y absoluto colapso de la Justicia".

"En 25 años de carrera todas las modificaciones legales que he visto parecen ir encaminadas a entorpecer y esta ya es la última. Ojalá no sea así, pero ante la falta de información no podemos decir otra cosa".

Carga de trabajo

Esta reforma supone un aumento del 20% en la carga de trabajo de los órganos judiciales, según cálculos del Ministerio. Sin embargo, los jueces denuncian que no se han previsto refuerzos en medios materiales ni humanos, lo que podría derivar en el colapso del sistema.

Actualmente, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya afrontan un alto nivel de saturación. Según datos aportados por los propios magistrados y magistradas de distintos puntos del país, la sobrecarga es especialmente preocupante en los 91 órganos exclusivos que atienden solo casos de violencia machista y en los 348 juzgados no exclusivos, donde los jueces deben compaginar estos asuntos con otros procesos judiciales.

A pesar de la creciente demanda de atención a víctimas, la dotación de medios sigue siendo insuficiente. La falta de equipos de valoración forense, de asesoramiento y asistencia a las víctimas, y el déficit de personal especializado son problemas que han sido denunciados en reiteradas ocasiones. También se menciona la falta de salas Gesell, necesarias para la toma de declaración de menores víctimas de violencia, así como la ausencia de sistemas de grabación adecuados que permitan documentar los testimonios de manera efectiva.

Los jueces subrayan que, aunque la reforma pretende mejorar la respuesta judicial en casos de violencia machista, sin los medios adecuados podría tener el efecto contrario. Alertan de que la carga de trabajo adicional puede afectar la calidad del servicio y provocar retrasos en la tramitación de medidas de protección para las víctimas.