Insiste el grupo de CpM en que el Gobierno Imbroda no paga la defensa de los melillenses reclamados por Marruecos y, en cambio, si cubre los gatos judiciales del vicepresidente Miguel Marín por los ataques de los que está siendo objeto desde los grupos de la oposición. Según Coalición por Melilla, las críticas contra Marín se refieren a su ámbito privado y el drama de los potenciales extraditables es un asunto que afecta al total de la ciudad.
No cabe duda que en su apreciación sobre los melillenses que pueden ser extraditados al vecino reino, CpM no se equivoca cuando cataloga su importancia. Sin embargo, yerra por completo cuando califica de ámbito privado unas acusaciones bajunas e intolerables, que sólo se realizan contra el vicepresidente Marín por su condición de político en activo y en un alto cargo, y que además se han intentado realizar en algunos casos de forma anónima, a no ser por la investigación judicial que las identificó con altos cargos del Partido Socialista de Melilla.
Por tanto, aparquemos la demagogia y defendamos el derecho a la defensa de todo cargo público que, por su condición de político en activo, se ve sometido a las más bajas acusaciones en detrimento de una crítica justa, admisible y democrática.
