El Gobierno central se verá obligado a dar explicaciones sobre el coste económico del dispositivo desplegado a finales de 2024 para rescatar una patrullera de la Marina Real marroquí que encalló en aguas de Melilla, junto al Dique Sur. Según publica El Confidencial Digital, un ciudadano español ha solicitado al Ejecutivo, a través del Portal de Transparencia, que revele cuánto dinero público se destinó a la operación de reflotamiento y qué recursos se emplearon.
El incidente tuvo lugar cuando una embarcación militar de Marruecos quedó varada en aguas territoriales españolas, a escasos metros del puerto comercial melillense. La situación obligó a una rápida movilización de recursos por parte de las autoridades españolas, incluyendo Salvamento Marítimo, personal portuario y efectivos de seguridad. Las labores se extendieron durante varios días hasta lograr reflotar la nave y devolverla a aguas internacionales, con el uso de embarcaciones de apoyo y medios especializados.
La solicitud de información reclama al Ejecutivo que detalle con precisión cuánto costó ese despliegue de medios logísticos, técnicos y humanos empleados para asistir a una embarcación militar extranjera. También se exige saber si existía algún acuerdo formal, protocolo bilateral o instrucción política que justificara este tipo de intervención. La falta de comunicación oficial previa por parte del Gobierno ha generado dudas sobre si se trató de una actuación improvisada o premeditada.
En un primer momento, el Ministerio de Transportes, competente en materia de Salvamento Marítimo, se negó a facilitar los datos solicitados por el ciudadano. El argumento empleado por el departamento fue que proporcionar esa información podría afectar a la “seguridad pública” y poner en riesgo las “relaciones internacionales”, en clara referencia a la sensibilidad diplomática con Marruecos. Esta respuesta fue interpretada como un intento de eludir el control público sobre un operativo realizado con fondos del Estado.
No conforme con la negativa, el ciudadano presentó un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, tras analizar el caso, le dio la razón y resolvió que el Ministerio debía entregar la información solicitada. En su resolución, el Consejo consideró que no existía justificación suficiente para mantener en secreto el coste económico de una actuación que tuvo lugar en territorio nacional y con recursos públicos, especialmente tratándose de un asunto que ha generado debate ciudadano.
Este episodio no solo pone en entredicho el intento del Ejecutivo por mantener la información fuera del escrutinio público, sino que también ha reactivado las críticas por la falta de transparencia en las actuaciones del Gobierno en su cooperación con el país vecino. El silencio institucional ha contribuido a alimentar la sospecha de que existieron decisiones políticas no explicadas sobre el alcance de la colaboración.
Las autoridades españolas confirmaron en su momento que la patrullera marroquí no tenía riesgo de hundimiento ni provocaba amenaza medioambiental. No obstante, las maniobras de rescate implicaron recursos públicos y la movilización de personal cualificado. La ciudadanía exige ahora saber si estos costes serán asumidos íntegramente por España o si, por el contrario, Marruecos ha ofrecido algún tipo de compensación económica o técnica. Hasta ahora no ha trascendido ningún gesto en ese sentido por parte del país vecino.
En ausencia de convenios conocidos que regulen este tipo de operativos con unidades militares extranjeras, la colaboración española podría interpretarse como una actuación extraordinaria, sin cobertura jurídica clara ni beneficio recíproco. Este punto se ha convertido en uno de los ejes principales de la crítica, que ha comenzado a circular con fuerza tanto en foros sociales como en medios locales y nacionales.
El ciudadano que presentó la solicitud espera ahora que el Ministerio detalle todos los recursos empleados: medios técnicos, horas de trabajo, gastos logísticos, personal implicado y cualquier otra partida incluida en el operativo. También ha preguntado si existen precedentes similares con embarcaciones de otros países o si esta actuación fue una excepción motivada por razones estrictamente políticas.
Por ahora, el Gobierno no ha emitido respuesta definitiva, pero está legalmente obligado a facilitar los datos requeridos en un plazo determinado. Lo que comenzó como un incidente marítimo puntual ha derivado en una polémica de mayor calado, que pone sobre la mesa la necesidad urgente de claridad en las actuaciones internacionales de España, especialmente cuando implican el uso de medios públicos en favor de fuerzas armadas de terceros países. El intento de ocultar la información no ha hecho más que agravar el malestar ciudadano y político.
