Melilla recibirá en 2026 un total de 44,7 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, lo que representa un incremento del 9,1% respecto a los recursos percibidos durante 2025. Así lo ha anunciado el Ministerio de Hacienda tras la aprobación, este pasado martes, de un Real Decreto-ley por parte del Consejo de Ministros para actualizar las cantidades que recibirán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas el próximo ejercicio.
Según los datos difundidos por el departamento que dirige Arcadi España, la ciudad autónoma alcanzará la mayor cifra de entregas a cuenta de su historia. Además, si se suma la liquidación estimada correspondiente al ejercicio 2024, que se abonará durante 2026, Melilla dispondrá de un total de 58 millones de euros procedentes del sistema de financiación, un 3,7% más que el año anterior.
El Ministerio de Hacienda señala que este aumento de recursos permitirá reforzar la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencias que dependen de las administraciones autonómicas.
La actualización aprobada por el Gobierno forma parte de un paquete de medidas que eleva hasta los 157.731 millones de euros las entregas a cuenta para el conjunto de comunidades autónomas y ciudades autónomas, un 7% más que en 2025. Si se incorpora la liquidación de 2024, la financiación total alcanzará los 170.300 millones de euros.
Por otra parte, Melilla también se beneficiará de la actualización de las entregas a cuenta destinadas a las entidades locales. Debido a su régimen especial, la ciudad autónoma percibe financiación dentro de este subsector, donde recibirá 40 millones de euros, una cifra récord que supone un aumento del 9,3% respecto al ejercicio anterior.
El Real Decreto-ley incluye además otras medidas dirigidas a las entidades locales, entre ellas la posibilidad de emplear superávits y remanentes de tesorería para acometer inversiones financieramente sostenibles y actuaciones relacionadas con la vivienda durante los próximos años.
La medida llega después de que, según Hacienda, la actualización de estas entregas fuera rechazada en dos ocasiones en el Congreso, lo que habría generado tensiones de tesorería en las administraciones autonómicas.
