El Gobierno local regularizará 990 edificios en Cañada y Reina Regente

El Gobierno de Melilla tiene claro que es necesario normalizar las viviendas irregulares que hay en los distritos IV y V, un proceso que podría durar más de una década, según afirmó en la jornada de ayer el consejero Javier González, máximo responsable del desarrollo de estas barriadas.

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, apuntó que el primer paso que ha dado el Ejecutivo autonómico es el de recabar toda la información posible sobre los inmuebles que hay en la zona. Se estima que este proceso afectará a unos 990 edificios repartidos por La Cañada de Hidum y Reina Regente, dos de los barrios más pobres de Melilla.
González recordó que los terrenos de estos distritos tienen tres propietarios distintos: La Ciudad Autónoma, Patrimonio del Estado y el Ministerio de Defensa. La administración local ya se ha puesto en contacto con ambos entes estatales para gestionar de manera unitaria todas las parcelas y aplicar los mismos criterios de regularización, tal y como publicó El Faro el pasado sábado.
Por otro lado, la Ciudad está a la espera de que se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para comenzar a trabajar en la zona. Se estima que dicho documento verá luz verde de manera definitiva este verano. Dicha planificación contempla la creación de viviendas, espacios públicos y servicios en las barriadas. Para la regularización urbanística del lugar será necesario derribar algunas casas, según adelantó González, quien señaló que aún es pronto para ofrecer una cifra aproximada de afectados.

Primero, soluciones
Además, aseguró que no se tocará ninguna vivienda hasta que se solucione la situación en la que se encuentran sus habitantes. Para ello, se pondrá a disposición de los propietarios otras casas con unas tasas y forma de venta iguales a la de cualquier otro barrio de la ciudad. El consejero apuntó que se trata de un proceso similar al que se llevó a cabo en su día en Calvo Sotelo, popularmente conocido como el Barrio de La Libertad.
González detalló que, según los estudios catastrales de su área, en los distritos IV y V hay un total de 990 edificios en situación irregular, que no viviendas, pues en cada inmueble hay un número indeterminado de familias. En el proceso que se abrirá dentro de unos meses, los vecinos deberán demostrar que son los propietarios de esas casas. Pese a que se trata de un proceso largo y arduo, en el que habrá que examinar con lupa cada caso personal, el consejero señaló no espera problemas en este trámite.
Asimismo, subrayó que a las personas a las que se ofrezca una nueva vivienda en situación regular para su adquisición, tendrán una serie de derechos y obligaciones, como son los pagos de las correspondientes tasas y licencias de primera ocupación, habitabilidad o el Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI). González apuntó que no se espera cobrar con carácter retroactivo esta última obligación. “Uno de los pasos más laboriosos será el de reunir toda la documentación para determinar quién es el propietario de los edificios”, remarcó.
Además, insistió en que es pronto para hacer un cálculo sobre el número de afectados. “No hay que hacer anuncios que llamen al nerviosismo. No se tocará ninguna vivienda hasta la situación de las familias haya quedado subsanada”, reiteró el consejero.

Un trabajo de diez a doce años
González aseguró que se trata de un trabajo que durará entre diez y doce años, para el cual la Ciudad Autónoma quiere poner “unos cimientos sólidos”. Puede que incluso sea necesario crear una oficina para atender a los vecinos, según el consejero, quien insistió en que aún es pronto para confirmar cuestiones de este tipo.
En cualquier caso, lo que sí es seguro es que la administración pública tomará medidas para evitar un efecto llamado y la compra o construcción de viviendas en estos terrenos. Además, el consejero remarcó que es probable que en el futuro esta normalización se extienda a otros barrios de la ciudad. De momento, el Ejecutivo ya ha sentado las bases para iniciar este largo proceso de normalización. El siguiente paso será aprobar el PGOU, que en principio verá luz verde este verano.