El Gobierno exige explicaciones al PSOE y CpM por una obra vinculada al caso Koldo adjudicada en Melilla en 2021

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, se pronunció este jueves ante los medios de comunicación sobre la aparición de una obra ejecutada en la ciudad entre las actuaciones salpicadas por la investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) en el conocido como caso Koldo, vinculado al exministro José Luis Ábalos y su entorno. Según un informe reciente, una de las adjudicaciones presuntamente irregulares bajo la lupa de la justicia fue realizada en Melilla, concretamente en el año 2021.

Imbroda, al ser preguntado por esta cuestión, explicó que tuvo conocimiento de la información tras la publicación del informe y que, tras consultarlo, pudo constatar que la obra no fue responsabilidad de su gobierno ni de la administración autonómica. “Yo me he enterado como todos ustedes. Leí el informe, me interesé, hice averiguaciones y me dijeron que, efectivamente, se trata de una obra adjudicada por la Autoridad Portuaria en 2021”, explicó.

Subrayó que la Ciudad Autónoma no tuvo ninguna participación directa en esa adjudicación y que en ese momento ni él era presidente ni el ente portuario estaba bajo dirección del Partido Popular. “Esa adjudicación corresponde a la Autoridad Portuaria de Melilla durante un mandato gestionado por el PSOE y Coalición por Melilla (CpM). Por tanto, esas preguntas, si alguien quiere respuestas, hay que dirigirlas al PSOE y a CpM”, sentenció.

La obra en cuestión, según apuntan los informes, tendría un valor aproximado de 800.000 euros y habría sido tramitada en el marco de una serie de contratos supuestamente inflados o adjudicados de forma opaca, que ahora están siendo investigados en el ámbito de la macrocausa que involucra al exasesor Koldo García Izaguirre, figura cercana al exministro Ábalos.

El presidente Imbroda dejó claro que su gobierno no va a quedarse al margen y que, a pesar de que no tenían conocimiento ni responsabilidad sobre el proceso, ya se han dado instrucciones desde la Ciudad Autónoma para indagar en el expediente. “Como ahora estamos en la Autoridad Portuaria, hemos pedido que localicen el expediente completo. Queremos que nos lo entreguen y que lo analicen los servicios jurídicos. Queremos saber exactamente qué se adjudicó, cómo se adjudicó y si hay algún tipo de anomalía que merezca ser aclarada o, llegado el caso, investigada más a fondo”, explicó.

En todo momento, Imbroda se mostró prudente, pero firme, al exigir transparencia y responsabilidad sobre lo que consideró una “etapa opaca” de la gestión portuaria. Reiteró que no corresponde a su gobierno justificar decisiones tomadas en otra etapa política y que, si alguien tiene explicaciones que dar, deben ser quienes formaban parte de la gestión institucional en ese momento.

Imbroda concluyó su intervención dejando claro que su administración actuará con responsabilidad y transparencia.

Con este pronunciamiento, el presidente melillense se desmarca de cualquier implicación y pone el foco en la gestión anterior del puerto melillense, al tiempo que activa una vía de revisión interna para esclarecer los hechos. La expectativa ahora se centra en el contenido del expediente solicitado y en si las investigaciones judiciales derivarán en consecuencias políticas o penales para los implicados en la etapa de gestión señalada.

Respuesta de CpM

Desde CpM "desconocemos a qué adjudicaciones concretas se refieren las informaciones publicadas, ni si estas corresponden al periodo en que ejercía funciones la anterior presidencia de la Autoridad Portuaria".

"Queremos subrayar, además, que —según recogen diversos medios de comunicación nacionales— se trataría de contrataciones dependientes directamente del Ministerio", concluyen.

Caso Koldo

Cabe recordar que, como anunció El Mundo La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó de abundante material en la empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una de las sociedades vinculadas a la trama corrupta dirigida, presuntamente, por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Según la declaración voluntaria de Víctor de Aldama -considerado el comisionista de la organización-, se trata de una de las empresas que recibió alguna de las cinco adjudicaciones del Ministerio de Transportes en la época en la que Ábalos lo dirigía.

Según Aldama, Levantina, al igual que otras empresas, abonaron una serie de comisiones fijas por obra a cambio de asegurarse el ser los elegidos para prestar el servicio.

El dossier de la unidad de élite del Instituto Armado incluye los elementos que se hallaron en el registro de la sede de la compañía. También registraron la vivienda de José Ruz -máximo accionista de la empresa y considera el 'conseguidor'-, donde requisaron un total de siete pendrives. El hallazgo más importante en su casa, recoge el dossier, es un apunte contenido la memoria USB intervenida con el siguiente título: "Gobierno de Cantabria. Consejería de Obras Públicas y Vivienda".