La sesión plenaria de control celebrada este martes en la Asamblea de Melilla estuvo marcada por un intenso debate entre la diputada de Coalición por Melilla (CpM), Cecilia González, y el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison. Los nueve turnos de preguntas de la diputada se centraron en los programas de ayudas escolares para material y uniformes, cuestionando la equidad del reparto, los procedimientos administrativos, la legalidad de la actuación de los centros y la capacidad de los equipos docentes para evaluar la vulnerabilidad económica de los alumnos. El consejero respondió defendiendo la legalidad del programa, su impacto social y anunciando cambios estructurales para corregir los desequilibrios detectados.
Desde el inicio, González denunció que los programas presentan un reparto desigual de las ayudas, penalizando a los centros con mayor número de alumnos vulnerables. “Centros con más del triple de alumnado vulnerable reciben exactamente la misma cuantía que centros mucho más pequeños”, afirmó, citando que colegios como León Solá, con 528 alumnos vulnerables, reciben 28 euros por alumno, mientras otros más pequeños, como el España, alcanzan 192 euros por alumno.
La diputada calificó esta situación como una “flagrante vulneración del principio de igualdad” recogido en el artículo 14 de la Constitución y advirtió que existen posibles vicios de legalidad que podrían derivar en impugnaciones de los programas. “Los más necesitados están recibiendo menos, no por falta de recursos, sino por decisiones administrativas mal enfocadas”, subrayó.
La legalidad y el impacto social del programa
El consejero aseguró que los programas cuentan con todos los informes favorables y que no existe ninguna irregularidad: “¿Usted cree que llevaríamos a pleno un programa con la más mínima duda de legalidad? Por supuesto que no”, afirmó.
Reconoció que la implementación se ha demorado debido a la complejidad de un programa nuevo, que requiere elaboración de bases, informes preceptivos, solicitud de documentación y acuerdos de consejo escolar. No obstante, garantizó que todos los colegios recibirán sus uniformes y material escolar durante este curso. Atribuyó el clima de alarma mediática a “ruido interesado” que genera dudas infundadas entre las familias, y recordó que la intención del Gobierno es llegar a todos los alumnos vulnerables, cumpliendo con los objetivos sociales del programa.
La problemática del límite del contrato menor
González cuestionó que las ayudas estén topadas por los 15.000 euros permitidos por la ley de contratación para unidades colaboradoras de la Administración. Esto, según CpM, genera que los centros grandes agoten el límite mientras los más pequeños no, lo que provoca desigualdad entre alumnos.
Bonnemaison explicó que los directores actúan como entidades colaboradoras y que el límite legal del contrato menor no implica fraccionamiento, sino que responde a la estructura funcional del programa: libros de texto, material escolar y uniformes, cada uno con objetivos diferenciados. “A partir del próximo curso, será la Consejería quien contrate directamente según las necesidades de cada centro, eliminando el tope que penaliza a los colegios con más alumnos vulnerables”, aseguró.
Datos de renta y protección de la privacidad
González criticó que los centros deban verificar los niveles de renta familiar de los alumnos beneficiarios, ya que excede sus competencias y podría vulnerar la normativa de protección de datos. Subrayó que “un director no puede pedir la renta estrictamente necesaria para justificar una ayuda” y denunció desigualdad en la distribución del material: mientras un alumno del León Solá solo tendrá una camiseta de chándal, pantalón y camiseta de manga corta, otros dispondrán de uniformes completos.
Bonnemaison defendió la actuación de los centros, recordando que los colegios son entidades colaboradoras autorizadas para recabar datos, cumpliendo la ley de protección de datos y la ley general de subvenciones. Añadió que el programa, aunque mejorable, es eficiente y seguro.
Competencia de los equipos docentes
González insistió en que los equipos docentes solo pueden identificar indicadores de vulnerabilidad y derivarlos a los servicios sociales, que son los competentes para evaluar económicamente a las familias.
El consejero explicó que los criterios están regulados por la ley y las bases del programa, y que los centros actúan de manera legal como entidades colaboradoras de la Administración de la Ciudad Autónoma. Citó el reglamento 2016/679 y la Ley de Protección de Datos, que permiten el tratamiento de datos para misiones de interés público.
Fraccionamiento de contratos y eficiencia
La diputada denunció que los programas se han fragmentado en 16 contratos menores para material y 13 para uniformes, lo que genera ineficiencia económica y administrativa y podría constituir fraccionamiento de contratos, con consecuencias legales como nulidad y devolución de cantidades. Además, criticó que algunos alumnos reciben ayudas siete veces inferiores a otros.
Bonnemaison negó cualquier fraccionamiento y defendió que los programas son unidades funcionales diferenciadas. “Todos los informes son favorables. El problema no es legal, sino que estamos implementando un programa social que ustedes no hicieron”, respondió, reiterando que la medida tiene un impacto social significativo.
Viabilidad para centros sin experiencia en contratación
González cuestionó que los centros deban licitar, adquirir, distribuir y justificar las ayudas antes del 31 de diciembre, lo que resulta inviable para colegios sin experiencia en contratación pública y sobrecarga administrativa.
Bonnemaison reiteró que los formularios y modelos permiten ejecutar el programa correctamente y que cualquier desequilibrio será corregido en los próximos ejercicios. Subrayó que los procedimientos están claramente definidos y son totalmente ejecutables, aunque admitió que las mejoras son necesarias.
Expedientes y abstenciones
La diputada preguntó por la formalidad de los expedientes administrativos y las abstenciones del consejero en casos de conflicto de interés.
Bonnemaison explicó que se solicitaron informes jurídicos adicionales tras denuncias a Fiscalía para reforzar la defensa del programa. También aclaró que su abstención se basó en el artículo 23 de la Ley 40-2015 por vínculos profesionales y consanguinidad con entidades participantes. Estas medidas, aseguró, son habituales, legales y no comprometen la ejecución del programa.
Capacidad jurídica de los centros para contratar
Como última intervención, CpM preguntó sobre la capacidad de los centros de infantil y primaria para actuar como órganos de contratación de otra Administración. González denunció que los directores carecen de competencia legal para tramitar procedimientos de gasto en nombre de otras Administraciones y calificó los programas como “anomalías jurídicas” que podrían generar actos nulos. Señaló que los niños de diferentes centros reciben ayudas desiguales, perpetuando desigualdades en la ciudad, una de las más pobres de la Unión Europea con una tasa de pobreza del 41,4%.
Bonnemaison concluyó con cierto tono irónico: “Señora González ha hecho usted toda una lección magistral, pero no ha aportado nada nuevo. Sí, hemos detectado desequilibrios y los vamos a corregir, pero crear dudas y poner en tela de juicio las intenciones del Gobierno no ayuda a nadie. Los programas son legales y estamos comprometidos con la equidad”.
