La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha manifestado su oposición a una posible regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, en el marco de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se debate en el Congreso de los Diputados. La propuesta, actualmente impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), podría beneficiar a más de 600.000 personas extranjeras que se encuentran en territorio español sin autorización legal de residencia.
En declaraciones ofrecidas a la agencia EFE, Montserrat ha expresado su preocupación por los efectos que podría tener una regularización de este alcance si no se realiza en coordinación con las instituciones europeas ni en el marco de los criterios establecidos por el Pacto Europeo de Migración y Asilo. La dirigente del PPE ha advertido de que decisiones de este tipo deben contar con criterios técnicos y jurídicos y no basarse exclusivamente en planteamientos políticos.
Según Montserrat, España es uno de los países europeos con mayor volumen de llegadas de personas migrantes por vías irregulares, y ha señalado que, desde su punto de vista, cualquier medida en esta materia debe ser adoptada teniendo en cuenta el contexto europeo. En este sentido, ha mencionado que una regularización sin planificación podría generar un incremento en los flujos migratorios hacia el país, lo que, a su juicio, tendría implicaciones en distintos territorios, especialmente en las zonas fronterizas.
La también vicepresidenta del Grupo PPE en el Parlamento Europeo ha citado como referencia la situación migratoria registrada en Canarias durante el año anterior, cuando llegaron más de 45.000 personas por mar. Además, ha indicado que en lo que va de 2025 ya se han contabilizado más de 10.000 llegadas, antes del periodo veraniego, que suele registrar un incremento en el número de travesías. Esta situación, ha dicho, podría repetirse o intensificarse si no se adoptan medidas de control y coordinación con la Unión Europea.
Montserrat ha hecho referencia a Frontex, la agencia europea encargada de la gestión de las fronteras exteriores de la UE, que, según ha señalado, ha ofrecido apoyo técnico y operativo al Gobierno español. También ha citado declaraciones de la eurodiputada alemana Lena Dupont, responsable del grupo de trabajo sobre Frontex en el Parlamento Europeo, quien habría afirmado recientemente que la agencia está en condiciones de desplegar tecnología y personal en apoyo de España, pero que aún no ha recibido una solicitud formal por parte del Ejecutivo.
En este contexto, la dirigente del PPE ha planteado interrogantes sobre los motivos por los cuales el Gobierno español no ha solicitado dicha ayuda. Ha insistido en que la gestión de los flujos migratorios debe realizarse con los recursos disponibles a nivel europeo y dentro del marco jurídico común, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de los derechos fundamentales como la seguridad en las fronteras.
Además, Montserrat ha señalado que otros países del sur de Europa, como Italia y Grecia, han adoptado medidas que han limitado las rutas migratorias, lo que ha provocado que España se convierta en una de las principales vías de entrada hacia Europa por el sur. En su opinión, esto aumenta la presión sobre territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, que requieren una planificación específica y recursos adecuados para afrontar la situación.
Por último, la eurodiputada ha afirmado que el Partido Popular, tanto en España como en el ámbito europeo, defiende una política migratoria basada en la cooperación con los países de origen, la lucha contra las redes de tráfico de personas, la gestión ordenada de los flujos migratorios y la articulación de medidas que vinculen la inmigración al mercado laboral. También ha señalado la importancia de aplicar estrategias en colaboración con las instituciones europeas para garantizar una respuesta común a nivel de la Unión Europea.
