El crédito excaso y caro explica en parte la crisis económica, pero no puede ser considerado como el único motivo de los achaques que sufre nuestra economía. La falta de liquidez es un problema para la Administración. Sin embargo, esa circunstancia está forzando la solución al obligar a tomar las necesarias medidas de ajuste y de mayor celo en el manejo de los dineros públicos.
En cambio, la dificultad para obtener dinero contante y sonante es una barrera insalvable para muchos autonómos, pequeños y medianos empresarios con negocios prósperos o viables, pero que caminan hacia el precipicio convencidos de que van a morir asfixiados bajo una montaña de facturas, unas pendientes de pago y otras, a nombre de ayuntamientos, autonomías o ministerios, de cobro lento, difícil o tedioso. Ellos, junto a los funcionarios, son las víctimas de los equilibrios de última hora de la Administración para intentar hacer cuadrar los números. El atasco está en las tuberías públicas, cuya falta de líquidez obliga a los autónomos a solicitar créditos para financiar los 13.300 millones de euros que no tienen porque, según un informe de ATA, las Administraciones se los adeudan. Esa cifra, que sumaría 2.207.800.000.000 de las antiguas pesetas, más la pendiente de pago a las pequeñas, medianas y grandes empresas junto a las obligaciones ante entidades financieras, es lo que aplasta a la economía. Los préstamos para el sector público quedan limitados; desde el Estado se obliga a una moderación que viene impuesta por la Unión Europea y por las dudas de los mercados internacionales de crédito sobre España. Frente a esta situación, los autónomos (y pymes) se ven obligados a optar entre echar el cerrojo a sus negocios o buscar la financiación que las Administraciones no son capaces de conseguir. Todo ello mientras esperan confiados en que al Estado acabarán por cuadrarle las cuentas.
