Recuerda que en 2015 recomendó dar asistencia letrada a los migrantes ante los rechazos en frontera
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, coincidió ayer con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuanto a condenar a España por la devolución de dos inmigrantes en la valla de Melilla sin ser identificados. Esta institución “ha reiterado en numerosas ocasiones desde 2005 su posición contraria a las expulsiones automáticas de extranjeros, conocidas como ‘devoluciones en caliente”, explicó Fernández Marugán en un comunicado. También recordó que en 2015 formuló recomendaciones a las administraciones competentes para que la figura del rechazo en frontera que establecía la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana respetara la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional. Recomendó entonces que siempre que se produzca un rechazo en frontera se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella. Procedimiento En dicho procedimiento, el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos. “Estas recomendaciones fueron rechazadas”, lamentó. Para el Defensor del Pueblo es “urgente la modificación de los criterios de actuación de los agentes encargados del control de fronteras a fin de que entreguen a las personas que detecten intentando acceder irregularmente a territorio nacional a la Policía Nacional”. Después, los agentes deben realizar los trámites establecidos por la normativa de extranjería e informar a los interesados sobre la posibilidad de solicitar protección internacional, según Fernández Marugán. Abogacía Española Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española aplaudió la condena del TEDH y ha recordado que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe las devoluciones sin realizar un procedimiento individualizado que garantice, entre otros derechos, la asistencia letrada. De ahí que haya exigido al Gobierno que cese “inmediatamente estas prácticas” porque además la ausencia de procedimientos individuales impide identificar situaciones de vulnerabilidad, como menores, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.