La sentencia del Tribunal Supremo sobre las conocidas como devoluciones en caliente ya está teniendo consecuencias, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). El secretario general del sindicato en Melilla, Jesús Ruiz, asegura que desde que se conoció el fallo judicial ya se han producido nuevas entradas a nado y advierte de que puede existir un efecto llamada. Por ello, reclama al Gobierno que refuerce cuanto antes las plantillas policiales para afrontar un posible aumento de la presión migratoria.
La resolución del alto tribunal establece que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a los migrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla a nado. En esos casos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán tramitar un procedimiento ordinario de devolución, con todas las garantías previstas en la Ley de Extranjería.
Eso supone un cambio importante en la forma de actuar. A partir de ahora será necesario identificar a cada persona, facilitar asistencia letrada, contar con intérprete cuando sea necesario, estudiar si existe una posible solicitud de protección internacional y completar toda la tramitación administrativa antes de ejecutar una devolución.
Desde el SUP dejan claro que respetan la decisión judicial. "Nosotros acatamos la sentencia como no puede ser de otra manera", afirma Jesús Ruiz. Sin embargo, considera que el nuevo escenario tendrá un impacto directo sobre el trabajo diario de las unidades de Extranjería y Fronteras.
"Ya lo está habiendo"
Una de las principales preocupaciones del sindicato es el posible efecto llamada que pueda generar esta nueva situación. Ruiz cree que las organizaciones dedicadas a la inmigración irregular estarán muy pendientes de este cambio.
"Puede haber un efecto llamada por parte de aquellas personas que quieran arriesgarse a cruzar a nado la distancia que les separa de Melilla desde puertos cercanos como Beni Enzar", explica.
Pero va un paso más allá. Durante la entrevista con este medio asegura que ese fenómeno podría haber comenzado ya. "Ya lo está habiendo, porque también nos están comunicando que ha habido entradas a nado desde que salió la sentencia", señala.
El responsable sindical insiste en que se trata de una situación que conviene prevenir antes de que aumente la presión sobre los servicios policiales. A su juicio, las mafias que organizan la inmigración irregular adaptan rápidamente sus métodos cuando detectan cambios legales que pueden favorecer sus intereses.
"Siempre las mafias van por el dinero", afirma Ruiz, quien considera que estas organizaciones podrían utilizar el nuevo escenario jurídico para convencer a más personas de intentar llegar a Melilla por mar.
Más trabajo para Extranjería
El SUP sostiene que la sentencia no impide las devoluciones cuando correspondan legalmente. Lo que cambia es el procedimiento.
Cada intervención requerirá ahora más gestiones administrativas y más tiempo. Habrá que elaborar expedientes completos, comunicar cada caso a los abogados, respetar todos los plazos legales y remitir la documentación a la Delegación del Gobierno para que continúe la tramitación correspondiente. "Son trámites burocráticos que se pueden alargar en el tiempo dependiendo de muchas situaciones", explica Ruiz.
Entre ellas cita la posible situación de vulnerabilidad del migrante, su nacionalidad o las circunstancias concretas de cada expediente. Según el sindicato, todo ese trabajo recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería que ya soportan una elevada carga administrativa.
Pese a ello, Ruiz asegura que los policías nacionales destinados en Melilla están acostumbrados a trabajar bajo presión. "Preparados siempre están", afirma al recordar que la ciudad lleva muchos años afrontando episodios de fuerte presión migratoria.
Sin embargo, considera que la preparación de los agentes no basta si aumenta el número de llegadas. Por ese motivo insiste en que el Ejecutivo debe actuar antes de que el problema crezca. "Nosotros creemos que habrá que aumentar el número de efectivos para solucionar si hay un efecto llamada importante", sostiene.
La frontera necesita más agentes
En cuanto a la situación de la plantilla, Ruiz explica que la Jefatura Superior cuenta actualmente con alrededor de 600 policías nacionales destinados en Melilla. A ellos se suman unidades de apoyo y los 40 alumnos en prácticas incorporados recientemente.
Aun así, considera que la frontera continúa siendo el punto donde más falta personal. Durante la Operación Paso del Estrecho el volumen de viajeros aumenta considerablemente y los turnos deben cubrir vacaciones, bajas médicas, permisos de conciliación y otras incidencias.
El responsable sindical recuerda que muchas de las plazas convocadas para Melilla antes de la OPE quedan sin cubrir, lo que dificulta mantener el servicio con normalidad. "Siempre que paso por la frontera los compañeros me comentan que necesitan personal", asegura.
Riesgo para los migrantes
Más allá del trabajo policial, Ruiz también muestra su preocupación por las personas que intenten llegar a la ciudad a nado. Recuerda que quienes emprenden ese recorrido asumen un riesgo muy elevado.
"Estamos hablando de personas que pueden morir ahogadas o sufrir lesiones graves por las condiciones del mar", afirma. Por ello considera necesario que, además del refuerzo policial, también se adopten medidas para evitar que aumenten estos intentos de entrada. "Y sí es verdad que también la parte que le toca en ese sentido a Marruecos como frontera con Melilla es de reforzar sus puntos débiles para que no sucedan estas cosas".
Petición al Gobierno
El SUP asegura que, hasta el momento, no ha mantenido contactos con el Ministerio del Interior tras conocerse la sentencia.
El objetivo del comunicado difundido por el sindicato era trasladar a la ciudadanía cuáles pueden ser las consecuencias prácticas del fallo del Tribunal Supremo y reclamar una respuesta por parte del Ejecutivo.
Ruiz insiste en que el Gobierno debe adaptar los recursos humanos y materiales a esta nueva realidad. "Lo primordial es que ponga los medios humanos y técnicos necesarios para afrontar esta situación", afirma.
El sindicato concluye que cualquier modificación del marco jurídico debe ir acompañada de un incremento de efectivos. De lo contrario, advierte, serán nuevamente los policías quienes tengan que asumir sobre el terreno una mayor carga administrativa con los mismos recursos de siempre.
