El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado que la administración emprenderá acciones legales contra la empresa constructora de la escuela infantil Dolores Bartolomé si esta incumple el plazo de ejecución fijado para el 30 de junio de 2026, condición necesaria para no perder la financiación europea de los fondos PRTR asignada a la obra.
Imbroda ha reconocido que la escuela infantil cuenta con un contrato de obra vigente con la empresa adjudicataria, cuyo nombre no ha trascendido en sus declaraciones. Según ha explicado, ese contrato establece un compromiso de ejecución en un plazo determinado, ligado directamente a la percepción de los fondos europeos PRTR, procedentes del mecanismo de recuperación económica surgido tras la pandemia.
"El que haya incumplido el contrato, que pague", ha declarado el presidente, en referencia a la constructora, a la que ha responsabilizado directamente de cualquier retraso que ponga en riesgo la financiación. Imbroda ha insistido en que la Ciudad no debe asumir el coste de un eventual incumplimiento ajeno. "¿Por qué la vamos a sufragar usted y yo?", ha preguntado de forma retórica, subrayando que el compromiso de plazo corresponde a la empresa y no a la administración.
Preguntado por si la Ciudad Autónoma llevará el caso ante los tribunales en caso de incumplimiento, Imbroda ha respondido de forma contundente que la institución acudirá "a lo que haga falta", y ha añadido que hacer dejación de esa responsabilidad no es una opción para su Gobierno.
Para sostener su argumento, el presidente ha recurrido a dos antecedentes de gestión municipal en materia de contratos de obra pública, ambos protagonizados en distintos momentos por administraciones diferentes en Melilla.
El primero se remonta a 2019, cuando el que fuera entonces su Gobierno adjudicó las obras de las pistas deportivas del estadio, con un presupuesto aproximado de 750.000 euros, a la empresa Jarquil. Según Imbroda, tras el cambio ocurrido el afrente de la Ciudad Autónoma, el nuevo ejecutivo, del PSOE, decidió paralizar esa obra ya adjudicada. Esa decisión, ha explicado, obligó a la Ciudad a indemnizar a Jarquil con 80.000 euros, al haber incumplido la propia administración un contrato que la empresa sí había respetado.
El segundo antecedente citado por Imbroda hace referencia a un episodio en el que unas estructuras llamadas "petos" en las fachadas de determinados bloques de Averroes resultaron dañadas antes de cumplir su vida útil prevista, lo que obligó a la Ciudad a intervenir y asumir un coste que ha cifrado en cerca de tres millones de euros. En ese caso, según ha detallado, la administración optó por acudir a los juzgados contra la empresa responsable y finalmente ganó el litigio.
Con estos dos ejemplos, Imbroda ha querido ilustrar dos escenarios opuestos: uno en el que fue la propia Ciudad la que incumplió un contrato y tuvo que pagar por ello, y otro en el que fue la empresa contratada la que resultó responsable y la administración recurrió con éxito a la vía judicial. El presidente ha situado el caso de la escuela infantil Dolores Bartolomé en este segundo supuesto, siempre que se confirme un incumplimiento por parte de la constructora.
Imbroda ha insistido en que la determinación final sobre quién debe asumir las consecuencias económicas de un eventual retraso corresponderá, en última instancia, a un juzgado. "Al final, es un juzgado el que tiene que resolver", ha señalado, añadiendo que la actuación de la Ciudad se limitará a demandar y denunciar si la empresa no cumple con lo pactado y ya percibido.
El presidente no ha precisado en sus declaraciones el nombre de la empresa constructora de la escuela infantil Dolores Bartolomé, ni ha aportado detalles adicionales sobre el estado actual de ejecución de la obra a fecha de esta información. Tampoco ha especificado el importe total del contrato ni el porcentaje de obra pendiente de finalizar.
