El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha denunciado este jueves en rueda de prensa que se ha registrado un aumento en el número de menores migrantes que han conseguido entrar en Melilla en las últimas semanas. En concreto, se han contabilizado 45 menores extranjeros no acompañados más durante el mes de julio, lo que eleva a 160 el total acumulado, frente al límite de 84 que, según sostiene, el Gobierno nacional atribuye a la ciudad.
El dirigente popular atribuyó este incremento a un "efecto llamada" derivado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que confirma que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes que son interceptados en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla. "Se han animado con la sentencia y Melilla, teóricamente, según el Gobierno nacional, no debe tener más de 84. Pues tenemos doble", denunció Imbroda.
El presidente autonómico criticó al Ejecutivo central por no modificar la legislación ni afrontar, a su juicio, los problemas reales que atraviesa la ciudad tras este fallo judicial. La sentencia, dictada el 8 de julio por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, establece que el rechazo en frontera solo puede aplicarse a quienes intentan superar elementos de contención físicos, como las vallas, y no a quienes son interceptados en alta mar.
Imbroda aprovechó también su comparecencia para reclamar de nuevo que Melilla reciba un trato presupuestario equiparable al de Ceuta. El presidente cifró en cerca de nueve millones de euros la diferencia respecto a la inversión en obra pública, que en el caso de Ceuta asciende a 516 millones.
"Yo no me meto con Ceuta, al revés. Yo me meto con ese diferencial que hay de cerca de nueve millones para aumentar la obra en 516 millones. ¿Por qué? Si tenemos más habitantes que Ceuta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Porque aquí hay un Partido Popular y tienen que castigar al Partido Popular? ¿Dónde está el PSOE de Melilla?", cuestionó el presidente melillense, quien acusó al PSOE local de no defender los intereses de la ciudad frente al Gobierno central.
Imbroda insistió en que esta situación perjudica a Melilla y reclamó al Ejecutivo nacional una respuesta legislativa y presupuestaria acorde a la realidad migratoria de la ciudad.
