Cuando aún se oyen voces de quejas por el protocolo aplicado para cursar las invitaciones a la gala inaugural del Kursaal (ayer mismo me llamaban desde el grupo de teatro ‘Arrabal’ para decirme que no habían recibido invitación), nos vemos metidos de lleno en otro entuerto, mucho más prosaico, por aquello de que tiene que ver con el dinero, pero no por ello menos importante: Al contrario, tiene que ver con los precios de nuestros transportes, en este caso marítimos, lo que siempre resulta un asunto sensible y extremadamente importante para una ciudad como la nuestra que en el mar y el aire tiene sus carreteras.
Ayer se dilucidó un poco el entuerto creado por un error informático en los ordenadores de Acciona, que durante 24 horas aplicaron el pasado día 16 una subida de cien euros en el precio de los paquetes ahorro o familiares que incluyen camarote y vehículo.
Según se aclaró por activa y pasiva, tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Presidencia de la Ciudad, se trató sólo de un error. Distinto es, sin embargo, el enredo creado, a mi juicio torticeramente desde el organismo gubernativo que dirige Escobar en Melilla, para explicar por qué sí ha subido en realidad un 4,4% el coste del viaje en barco, y no sólo el de los paquetes ahorro o familiares.
Una subida, según pudimos indagar, resultante, por un lado, de las nuevas tasas de atraque aprobadas por la Autoridad Portuaria en función de las nuevas tarifas decretadas por la ley de Puertos y Marina Mercante del 28 de agosto de 2010; y, por otro, de la revisión anual del precio de los billetes, prevista en el contrato de navegación marítima suscrito entre la compañía Acciona y el Ministerio de Fomento para las líneas por mar con Melilla y Ceuta.
Esta subida ya está vigente y nada tiene que ver con los casi 3 euros que a partir de junio se añadirán al precio de los billetes por cada pasajero, y a los casi 9 por cada carga o descarga de vehículo, como consecuencia de la entrada en vigor del contrato de privatización de la nueva Estación Marítima.
El entuerto en este asunto nada tiene que ver con el lío creado a raíz del fallo de ordenador que, durante una jornada, incrementó en cien euros el precio de los pasajes, convirtiendo en un mal chiste el concepto de billete ahorro. El entuerto o enredo, si lo prefieren, parte de la negación institucional a asumir la responsabilidad correspondiente en el incremento del precio de los billetes.
La Delegación del Gobierno, de forma sibilina, intentó ayer escurrir el bulto, a pesar de que la subida del 4,4% se produce por un aumento de tasas resultante de una nueva ley de puertos aprobada por el Parlamento español –de mayoría socialista-, y por la revisión de precios prevista en el contrato suscrito entre la empresa Acciona y el Ministerio de Fomento. El hecho de que el trámite implique a la Autoridad Portuaria es, no obstante, más que un formalismo, porque tal cual sucedió, en el Consejo de Administración de la AP de Melilla se aprobó bonificar esas tasas a pesar del voto en contra del representante del Estado o Delegación del Gobierno en el mismo Consejo, que miren por donde no era otro que el diputado local cepemista, hoy en prisión, Abderrahim Sellam.
Gregorio Escobar ayer omitió entrar en todos estos detalles, lo que no resulta de recibo, puesto que no es lícito hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad de la subida de los billetes de barco no tiene nada que ver con el Gobierno central del PSOE, cuando es consecuencia de acciones o leyes aprobadas por ese mismo Gobierno con su mayoría parlamentaria en las Cortes españolas.
Menos admisible es que calle y oculte que en el trámite obligado de aprobación de las nuevas tasas por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, quien se opuso a aprobar bonificaciones a las mismas fue nada más y nada menos que el representante de la Delegación del Gobierno en el mismo Consejo de Administración, es decir, el susodicho Abderrahim Sellam, conforme al nombramiento que ostentaba gracias a los acuerdos políticos de la coalición CpM-PSOE hasta su ingreso en prisión en enero pasado.
Tampoco parece justo que el delegado se escude en que la próxima subida prevista para junio –la de casi 3 euros por pasajero y casi 9 por embarque o desembarque de vehículos en la nueva Estación Marítima- será consecuencia de la privatización de la terminal, como si el propio hecho privatizador le fuera algo ajeno y no consecuencia de la misma Ley de Puertos y Marina Mercante de 28 de agosto de 2010, que obliga a ello y que sólo admite la gestión directa del servicio por el organismo portuario en el caso de que el obligado concurso de adjudicación quedara desierto.
Cada institución debe asumir sus responsabilidades y no jugar a escurrir el bulto. En este caso, a la Autoridad Portuaria que preside un miembro nombrado por el Gobierno local del PP, como es Arturo Esteban, hay que reconocerle que bonificara las tasas para que su aplicación fuera lo menos gravosa posible para los melillenses. Por tanto, al césar lo que es del césar y al PSOE, lo que le corresponde.
