Varias organizaciones de defensa de la infancia, como la Fundación Raíces y la Plataforma de Infancia, han expresado sus dudas sobre la fórmula jurídica utilizada por el Gobierno para implementar el nuevo mecanismo permanente de reubicación de menores migrantes no acompañados. En concreto, cuestionan la constitucionalidad de recurrir a un real decreto ley para una medida que, según afirman, afecta a derechos fundamentales y competencias autonómicas.
El decreto, que entró en vigor este jueves, reforma la Ley de Extranjería para establecer un sistema de reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, tomando como base criterios como la capacidad de acogida y la población de cada territorio. Esta reforma responde a una situación de presión migratoria en puntos como Canarias o Ceuta, donde se ha incrementado notablemente el número de menores tutelados por las autoridades locales.
Desde la Fundación Raíces, la abogada Paloma García de Viedma ha advertido en un comunicado sobre “las enormes dudas que genera entre los juristas el encaje en el sistema constitucional” de esta medida. Según sostiene, emplear el decreto ley para regular asuntos que afectan directamente a menores en situación de desamparo y a sus derechos fundamentales podría resultar inadecuado. “Aunque parezca una solución para el momento de bloqueo actual, no es una medida óptima. No solo por su posible temporalidad, de ser anulado, sino porque abre una puerta peligrosa para la garantía de los derechos fundamentales”, afirma García de Viedma.
La Fundación considera que la vía más garantista sería aprobar una ley de armonización, figura contemplada por la Constitución para coordinar competencias autonómicas cuando hay un interés general del Estado, pero que requiere mayoría absoluta en el Congreso.
En la misma línea, Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, ha reclamado que cualquier traslado de menores esté precedido por una evaluación de necesidades y se haga garantizando que los menores puedan ser escuchados. También ha subrayado la importancia de identificar correctamente a quienes necesitan protección internacional y de incorporar al proceso a profesionales especializados en mediación intercultural y atención a la infancia migrante y refugiada.
Reacciones políticas
Las críticas a la medida no se limitan al ámbito de las organizaciones sociales. En los últimos días, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han expresado públicamente su rechazo a la forma en que se ha llevado a cabo esta reforma. En declaraciones recogidas por El Faro de Melilla, Imbroda cuestionó que se recurra a una fórmula “impuesta desde Madrid”, sin consenso con las autonomías, y acusó al Gobierno central de “utilizar a los menores como moneda de cambio política”.
En ese sentido, el decreto ha sido interpretado por algunos sectores como parte del cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts durante la negociación de la investidura del presidente Pedro Sánchez. Dicho pacto incluía medidas para reformar el sistema de acogida de menores y garantizar su redistribución en todo el Estado.
Mientras tanto, el Gobierno aún no ha concretado las cifras de reparto. Las comunidades deben comunicar el número de menores bajo su tutela para determinar los cupos y activar el proceso de redistribución. Desde el Ejecutivo insisten en que la reforma busca aliviar la presión sobre los territorios más saturados y garantizar una acogida digna y solidaria para los menores migrantes.
Sin embargo, las organizaciones de infancia advierten que cualquier medida adoptada debe respetar el interés superior del menor, y reclaman al Gobierno y a las comunidades que trabajen por una solución duradera que garantice los derechos de la infancia migrante en el marco del Estado de Derecho.
