Coalición por Melilla (CPM) denunció ayer la diferencia de precio a la baja que ha detectado en la adjudicación de un mismo servicio por parte de la Ciudad Autónoma tras el cambio de la Ley de Contratos del Sector Público, que rebajó el límite para los contratos menores de 18.000 a 15.000 euros. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, explicó que servicios que antes eran adjudicados por unos 17.700 o 17.800 euros, aproximadamente, rozando el límite legal de los 18.000 euros para ser considerados contratos menores, ahora son licitados por una horquilla de entre 14.500 y 14.800 euros para no sobrepasar los 15.000 euros que indica la Ley.
Se trata, dijo el responsable cepemistas, del mismo servicio con una diferencia en el precio de 3.000 euros, lo que para CPM supone “una tomadura de pelo hacia los melillenses”, además de un despilfarro de dinero público que llegan a una “situación insostenible”, y dijo que “no se puede permitir la forma de actuar de este Gobierno”. Por ello, CPM no descarta que esta denuncia acabe en los juzgados, ya que a su juicio se trata de “ciertas irregularidades que, cuanto menos, necesitan una explicación clara” por parte del Gobierno melillense.
Según Mohatar, el Gobierno está llevando a cabo un “fraccionamiento de determinados servicios y un favorecimiento a determinados empresarios muy afines al PP, sobre todo ahora que las elecciones están cerca”, que a su juicio han motivado que el Gobierno “quitara” a CPM la presidencia de la Comisión de Control de Licitaciones para dársela a una diputada del PP, que lleva ocho meses sin convocarla.
