CpM acusa a Velázquez de ocultar con “una cortina de humo” su presunta prevaricación

• Almansouri critica que la consejera descalifique al abogado Carlos Boye por una “sentencia del pasado”

La diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Almansouri señaló ayer en un comunicado que considera “incomprensible” que la consejera de Presidencia y Sanidad, Paz Velázquez, se preocupe más de a quién contrata su formación que de la, a su juicio, “situación de indefensión que ha generado a la población melillense con su actitud negligente aprovechando su posición para obstaculizar una celebración religiosa”. Almansouri cree que Velázquez trata de “levantar una cortina de humo” en torno a la contratación por parte de CpM del abogado Gonzalo Boye con el fin de ocultar su presunta prevaricación.
De esta manera respondía Almansouri a las declaraciones de la consejera del viernes. Para la cepemista, “es de entender el nerviosismo de la señora Velázquez, cuando ve peligrar su estatus tras la contratación de un profesional como el señor Boyé que, entre otras muchas causas, participó como acusación particular en el juicio por los atentados del 11-M, en el año 2013 presentó una querella contra Luis Bárcenas o fue la defensa del alcalde del PP en el Ayuntamiento de Leganés Jesús Gómez”.

“Antecedentes familiares”

“Indecente es que la señora Velázquez, con sus antecedentes familiares, se atreva a descalificar a alguien por una sentencia del pasado por la que ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Aunque le pese, vivimos en un país democrático en el que se garantizan los derechos y libertades individuales, además de disponer de un sistema penitenciario en el que se busca la reinserción y no la penalización ni estigmatización de los individuos”, indica Almansouri.
A juicio de la diputada, también resulta “indecente” que Velázquez “llame corderos a representantes legítimos del pueblo”, aunque añadió la cepemista que “es algo habitual tanto en ella como en su entorno político, que siempre han utilizado la mala educación, las faltas de respeto y los insultos, así como las descalificaciones personales como parte de su discurso político”.
Almansouri consideró que “está claro” que la consejera de Sanidad, “como máxima responsable del veto del último año”, está intentando “levantar una columna de humo sobre el fondo de la cuestión, que no es otro que el que pueda acabar su carrera política por el mismo motivo que otro miembro de su familia, por una condena en la que resultó inhabilitado por prevaricación”. “Idéntico delito por el que se ha presentado la querella contra ella”, subrayó.
Para la diputada, Velázquez es consciente de que “ha errado en su proceder y no esperaba que CpM fuera hasta el final con este asunto”. “Ya lo anunciamos en el 2016, ya dijimos que, aunque pasaran años, llegaríamos hasta las últimas instancias ante una situación de indefensión que había provocado el Partido Popular”, recalcó.
“El Estado de Derecho ampara nuestras pretensiones y será en última instancia un juez el que decida”, añadió. “No es de recibo que la Consejera argumente su ‘falta de preocupación’ diciendo que le preocuparía que anunciásemos que la vamos a secuestrar. Nos parece insultante que alguien con su cargo político haga acusaciones tan a la ligera”, explicó.
Para Almansouri, “si a Velázquez le parece deriva radical que se haga uso de los instrumentos democráticos para la defensa de intereses legítimos, entonces deja claro cual su postura y forma de proceder caciquil”.
“Si Velázquez considera objetivos oscuros que se le presente una querella por su proceder político es que no entiende las reglas de la democracia, o sí, pero no le gustan”, apuntó.
En cuanto a la Orden Ministerial, la cepemista subrayó que si no se le pudo dar cumplimiento es porque Velázquez y el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, “no quisieron”. “Impidieron su cumplimiento al no querer poner a disposición de los melillenses una instalación pública que permitiera el paso de los animales”, aseguró.
“Lo que no puede pretender el Gobierno de la Ciudad es engañar y reírse de los ciudadanos y que tales ofensas sean gratuitas. La Administración esta obligada a resolver las cuestiones planteadas por los ciudadanos en plazo y forma. En este caso, la Orden Ministerial tenía fecha de caducidad por lo que la obligación era la de contestar antes del día 1 de septiembre y no el 18 como ha hecho, vulnerando así uno de los principios básicos de servicio al ciudadano. Demostrando una vez más que les preocupa su interés partidista por encima de cualquier otra circunstancia.
En la nota se señala que CpM ha puesto la defensa de sus intereses en manos de Boye “por su dilatada experiencia y profesionalidad, teniendo la certeza de que es la persona idónea para defender la causa planteada”.