Coalición por Melilla (CpM) ha denunciado que la no convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 por parte del Congreso de los Diputados, con el voto determinante del Partido Popular, deja a numerosas familias melillenses sin protección en el mercado del alquiler. La formación subraya que esta situación resulta especialmente grave en una ciudad como Melilla, donde la escasez estructural de suelo y de vivienda pública agrava el impacto de cualquier subida de rentas.
Según expone CpM, la medida, que decayó el pasado 28 de abril de 2026, contemplaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años para aquellos contratos de arrendamiento que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Asimismo, establecía un límite del 2% en la actualización anual de la renta. La caída de esta norma, según la formación, deja sin cobertura a numerosos inquilinos que afrontan la finalización de sus contratos sin medidas de protección.
Desde CpM se señala directamente al Partido Popular, al que acusan de actuar de manera contradictoria. En este sentido, critican que el PP de Melilla se presente como impulsor de soluciones en materia de vivienda mientras su grupo parlamentario en el Congreso votó en contra de una medida que, según sostienen, protegía a los inquilinos más vulnerables en todo el país. La formación insiste en que el voto del PP fue determinante para tumbar el decreto, y considera que no se trata de una cuestión ideológica, sino de una decisión política con consecuencias directas sobre familias concretas de la ciudad.
En paralelo, CpM también se ha referido a la Proposición de Ley de Vivienda y Suelo presentada recientemente por el Partido Popular. Aunque reconoce que el reconocimiento de la capacidad de la Ciudad Autónoma para aprobar definitivamente sus instrumentos urbanísticos supone un avance procedimental, la formación considera que esta iniciativa no puede presentarse como una política de vivienda en sí misma.
En este sentido, critican que la propuesta no contemple aspectos clave como la cesión de suelo militar, recordando que una parte significativa del territorio de Melilla continúa afectada por usos o servidumbres del Ministerio de Defensa. Asimismo, apuntan que la iniciativa no incluye la creación de una ley del suelo propia ni contempla un incremento en la financiación estructural destinada a la ciudad.
CpM también pone el foco en los recursos económicos previstos, señalando que Melilla recibirá 1,4 millones de euros anuales del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una cantidad que consideran insuficiente para hacer frente a un déficit estimado de más de 1.500 viviendas sociales. En este contexto, la formación sostiene que el Partido Popular ha desaprovechado una oportunidad para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudad.
La formación insiste en que no resulta coherente votar en contra de medidas de protección para los inquilinos en el ámbito nacional mientras se defienden propuestas de vivienda a nivel local. A su juicio, esta situación evidencia una contradicción en la actuación política del PP.
Finalmente, CpM advierte de que Melilla no puede permanecer como un espectador pasivo ante una crisis que consideran de alcance nacional, agravada por un contexto de inseguridad normativa. En este sentido, defienden la necesidad de contar con una ley de vivienda propia y de aplicar de manera decidida la normativa estatal para frenar el éxodo de jóvenes y atender a los colectivos más vulnerables.
La formación concluye reclamando la puesta en marcha de un plan específico de vivienda para Melilla, ante lo que consideran una insuficiencia del Plan Estatal 2026-2030, así como la necesidad de impulsar en el Congreso una iniciativa legislativa que permita abordar esta problemática de forma eficaz.
