La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) espera que el acuerdo anunciado para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, de verdad suponga el fin de las devoluciones en caliente, ya que estas son "ilegales" y niegan el derecho al asilo de los migrantes.
Fuentes de la entidad han valorado así el acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu anunciado el jueves que, entre otras cosas, contempla una modificación de la ley de extranjería en lo relativo a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.
Esta estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar irregularmente la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados "a fin de impedir su entrada ilegal en España".
Según el texto propuesto ahora, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la ley de extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".
"En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".
Sobre este aspecto, CEAR ha mostrado su deseo de que este cambio normativo suponga el fin real de estas prácticas que, recuerda, llevan denunciando "años" porque "vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución" y los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y derecho de asilo.
"Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden", explica.
El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, ha coincidido en que estas prácticas son ilegales y contrarias al derecho internacional, que establece que las personas que llegan a un país tienen derecho a solicitar asilo y pedir que se les reconozca la condición de refugiadas en caso de sufrir persecución en sus países de origen.
En su opinión, "sería una buena medida que, mediante modificación de la ley de extranjería, se ponga fin definitivamente a esa práctica ilegal".
Sin embargo, ha matizado que "los términos que se han pactado son demasiado amplios": "teniendo en cuenta cómo ha sido el proceder de este Gobierno y de su ministro del Interior, (Fernando) Grande -Marlaska, nos quedan dudas respecto a si finalmente este acuerdo se va a implementar y en qué términos se haría", ha concluido.
Todas las organizaciones (ONGs, CEAR, etc.) se dedican a lanzar mensajes de descredito, a los lugares donde llegan los refugiados sin papeles y menores no acompañados, apremiando a que los vistan, aseen, eduquen, sanidad, vivienda, trabajo, etc., etc., lo que se traduce que estos gestos, no le supone a ellos, ningún sacrificio, amén de vivir de las arcas del gobierno, mediante los impuestos que la población paga, y que no redunda en sus beneficios (para los del lugar), pero eso ni importa, hay que seguir con la labor de pedigüeños, aunque no den para cubrir las propias necesidades.
Vividores que os estáis lucrando a costa de vidas humanas