"En la guerra híbrida se puede instrumentalizar a la inmigración convirtiéndola en un arma de desestabilización"

Buscar desestabilizar al estado desde dentro y polarizar a la sociedad en lugar de destruir un frente militar tradicional u operar por debajo del umbral de una declaración formal de guerra (lo que dificulta atribuir la autoría de los ataques o activar una respuesta militar directa), serían algunas de las características de la guerra híbrida. También en la guerra híbrida se puede instrumentalizar a la inmigración convirtiéndola en un arma de presión y desestabilización. Nos preguntamos si Marruecos ha sido corresponsable de la invasión por acción u omisión.

Para entender mejor lo acaecido en Ceuta este verano El Faro de Melilla entrevista a Blas Jesús Imbroda Ortiz, decano del Colegio de Abogados de Melilla. Ha formado parte de asociaciones jurídicas nacionales e internacionales, incluyendo el Colegio de Abogados Penal Internacional, donde ha desempeñado funciones de presidente y presidente de honor.

Para Imbroda “El informe que envió al Juzgado la policía española es muy claro. Por supuesto, nuestro gobierno es responsable también por la falta de medidas preventivas, a pesar de tantos informes que avisaban de lo que podía ocurrir y por su falta de respuesta”.

-¿Qué sería una guerra híbrida? ¿Podría aclarar a los lectores este concepto?

-La guerra híbrida es una nueva forma de ataque de un estado a otro, que se usa también contra organizaciones internacionales, como por ejemplo ocurre contra la Unión Europea por parte de Rusia, utilizando medios distintos al uso de las armas, que es lo que se hacía históricamente en las guerras.

Estos ataques en las guerras híbridas se llevan a efecto, por ejemplo, mediante ciberataques, sabotajes, campañas de desinformación e incluso injerencias en procesos electorales de otro país manipulando a la opinión pública con campañas falsas en redes sociales, etc.

También en la guerra híbrida se puede instrumentalizar a la inmigración convirtiéndola en un arma de presión y desestabilización. En este caso se usan a seres humanos sin el menor escrúpulo aprovechando las necesidades de estas personas, aun cuando se pierdan trágicamente muchas vidas, como ha ocurrido en la invasión a Ceuta.

-¿Cuál es la aspiración marroquí?

-Marruecos tiene sueños expansionistas e imperialistas, y en esta línea desearía apropiarse de Ceuta y Melilla, y no dudo que también de las Islas Canarias y seguro que algo más.

Me sorprende que desde Marruecos se diga falsamente que quieren recuperar Ceuta y Melilla, cuando jamás han pertenecido a ese país. Es una falsedad histórica. Melilla pertenece a España desde los años en los que se funda la nación española, esto es en 1497, diez años después de Málaga y dieciocho años antes de Navarra.

Tampoco Melilla tiene su origen en proceso colonial alguno, siglos antes era española. Ceuta y Melilla no formaron parte del Protectorado de España en Marruecos porque eran ciudades españolas desde siglos antes. El Protectorado comenzaba en la frontera de Melilla y finalizaba en la frontera de Ceuta. Marruecos existe desde 1956.

Y no hay argumento jurídico internacional alguno que cuestione la españolidad de ambas ciudades. Mienten cuando hablan de recuperar, sería apropiarse de algo que nunca fue suyo.

-De lo ocurrido en Ceuta, ¿cuál sería el papel de Marruecos en esta guerra híbrida?

-Marruecos ya ha efectuado con anterioridad ataques contra la soberanía territorial de España, haciendo uso de mecanismos y medios de guerra híbrida.

Así ya en 2021 estimuló y promovió la entrada, en Ceuta, en horas, de más de 10.000 personas como represalia por la decisión del gobierno central de traer al líder del Frente Polisario a un hospital de España. Otra forma de ataque para intentar destruir Melilla fue la decisión unilateral de Marruecos el 31 de julio de 2018 de cerrar la aduana intentando con ello asfixiarla económicamente.

Es grave que nuestro gobierno no formulara protesta alguna a pesar de causar, en aquel momento, un grave perjuicio a la ciudad. Esta vez en Ceuta, Marruecos ha sido corresponsable de la invasión por acción u omisión. El informe que envió al Juzgado la policía española es muy claro. Por supuesto, nuestro Gobierno es responsable también por la falta de medidas preventivas, a pesar de tantos informes que avisaban de lo que podía ocurrir y por su falta de respuesta.

-Parece que se ha instrumentalizado a personas. Es un delito grave, muy grave...

-Instrumentalizar a personas es una aberración y demuestra la falta de escrúpulos de los responsables. Se aprovechan de sus necesidades económicas para usarlas en una invasión. Y les da igual que haya menores, mujeres, personas sumamente vulnerables. Y también les da igual que muchas de ellas mueran en el camino.

Por supuesto que es un delito muy grave el de homicidio, que en el caso de Ceuta la responsabilidad alcanza a más de 140 muertes. Ello además de los delitos contra la paz o la independencia del estado, o los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, o las lesiones graves, o la pertenencia a organización criminal para cometer estos delitos.

-¿La instrucción judicial ya cuenta con avances significativos que llevarán a la verdad, a lo realmente acaecido?

-No tengo duda que la instrucción judicial que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional llegará hasta el final, e intentará depurar las responsabilidades penales.

Es un tema extremadamente grave con más de 140 muertes y no puede quedar impune. No dudo que la Magistrada Instructora, actuará con plena profesionalidad e independencias y no se dejará intimidar por las presiones que se están llevando cabo con campañas contra ella.

Pediría a los que las hacen que respeten el trabajo de los Tribunales. Esto es imprescindible en un Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay democracia.

-El proceso judicial determinará si ha habido omisión o imprudencia por parte del Gobierno. ¿Se acabarán los relatos o las opiniones politizadas...?

-El proceso debe investigar a los autores por acción y también por omisión. Ambas formas de actuación determinan la responsabilidad penal.

Los relatos políticos interesados no inciden ni deciden una investigación judicial, en ésta se deberá esclarecer la verdad, por encima de cualquier intento de manipulación.