El Gobieno melillense, en este caso encabezado por el vicepresidente primero, Miguel Marín, ante la ausencia de Juan José Imbroda de la ciudad, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantuvieron ayer una larga reunión en Melilla, en la que trataron un buen número de temas que afectan a la ciudad, además de la ya consabida propuesta del Ejecutivo de Sánchez para que haya un reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas.
No se trató para nada el plan de inversiones que implica la puesta en marcha del Plan Estratégico Integral del Gobierno de España. No obstante, Torres se comprometió a visitar de nuevo la ciudad antes de que acabe el año al objeto, precisamente, de entrar de lleno en esa cuestión, que ahora forma parte de sus responsabilidades al frente de Política Territorial. En definitiva, los melillenses se quedan sin saber en qué punto se encuentra la ejecución de los planes, cuánto se ha invertido, qué cantidades están previstas para 2025 y cómo casa el hecho de que el presupuesto de 2023 para Melilla se recortara en algo más de 24 puntos sobre el de 2022 y, sin embargo, se hable de partidas millonarias llegadas a la ciudad. Habrá que esperar respuestas en ese próximo viaje anunciado directamente por el propio ministro.
El caso es que la lista de asuntos abordados entre el Gobierno local y Ángel Víctor Torres es amplia. Se habló del problema que atraviesa la sanidad pública y Torres reconoció la necesidad de implementar medidas correctoras; incluso no se opuso abiertamente a la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad haga una encomienda de gestión a la propia Ciudad Autónoma. También reconoció que se falló en el tema de la bonificación a la Seguridad Social, que están por la labor de rectificar y que se volverá al sistema de siempre, que estuvo vigente por un período de casi 20 años, convirtiéndose en la joya de la corona del régimen económico y fiscal que impera en esta tierra.
Ángel Víctor Torres estuvo muy en sintonía con los asuntos que eran puestos sobre la mesa. Tan es así que quedó con los miembros del Gobierno melillense en que trasladará la preocupación que existe en Melilla por la negativa de Marruecos a permitir la reapertura de la aduana comercial y la restitución del régimen de viajeros, que se perdió en 2022, cuando se abrió la frontera tras la crisis del covid. El ministro se mostró comprensivo con la reivindicación que se le ponía por delante y por eso llevará la inquietud a los ministerios de Exteriores y de Interior a ver si es posible que se encuentre la forma de obligar a los marroquíes a cumplir sus compromisos con España, pactados hace ya dos años y nunca satisfechos convenientemente.
El titular de Política Territorial fue informado, asimismo, de los problemas de conectividad que tiene la ciudad y de las propuestas que ha formulado el Gobierno de Imbroda para tratar de dar solución a todos ellos. Se le comentó la posibilidad de declarar obligación de servicio público a las conexiones aéreas con Málaga y Madrid, así como la necesidad de que el próximo contrato marítimo recoja la posición de la Ciudad Autónoma. En ambos casos, Torres se mostró cercano y dispuesto a servir de puente con el Ministerio de Transporte para elevar estas iniciativas, que contaron inicialmente con su buena predisposición a que sean aceptadas.
